Diario de León
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La veleta | antonio casado

La comisaria europea de Asuntos Exteriores, Benita Ferrero, ha calificado de «bilateral» la situación generada por Aminetu Haidar, que sigue en huelga de hambre. Ferrero también se lava las manos. Y no me refiero sólo al problema ocasional de una mujer que ha elegi do esta manera de intentar conseguir el regreso a su tierra saharaui, pues ese sí puede ser calificado de bilateral entre España y Marruecos, sino al problema de fondo, que no puede ser más multilateral, puesto que concierne a Naciones Unidas que hasta ahora ha sido incapaz de hacer cumplir sus resoluciones sobre una definitiva asignación de la soberanía sobre el territorio de la antigua colonia española. Benita Ferrero no podría sostener que se trata de un conflicto bilateral hispano-marroquí si, como consecuencia de una eventual radicalización del problema del Sahara por el activismo de Haidar, al Gobierno de Marruecos le diera por romper o dificultar sus acuerdos pesqueros con la UE, en cuyo marco los barcos españoles pueden faenar en aguas marroquíes y saharauis.

Es un ejemplo de la multilateralidad que desprende el conflicto. España debería esforzarse en buscar la implicación de terceros en el problema ocasional generado con esta huelga de hambre, en razón de la implicación que ya les afecta en la cuestión de fondo: la descolonización del Sahara y la reiterada desobediencia de Marruecos a las sucesivas resoluciones de la ONU. Empezando por la propia misión de la ONU (Minurso). Y siguiendo por EE.UU. y Francia que, como España, prefieren mirar hacia otro lado mientras Marruecos sigue dando cuerda al hecho consumado de la marroquinidad del Sahara Occidental.

Sin embargo, tratándose de implicar a terceros lo único que se le ha ocurrido hasta ahora al Gobierno es de consumo interno. Quiere llevar al Congreso una moción consensuada con el resto de los grupos parlamentarios, que incluiría, entre otras cosas, un doble mandato al Gobierno. Por un lado, que preserve la vida de la activista. Por otro, que redoble sus esfuerzos diplomáticos para resolver el problema. Mientras tanto, jueces y médicos discuten si los poderes públicos deben interferir en la negativa de Haidar a ser alimentada en contra de su voluntad.

La cuestión es si el Estado debe preservar a toda costa la vida de esta mujer o, por el contrario, debe respetar su voluntad de seguir la huelga de hambre hasta sus últimas consecuencias. A mi juicio, hay numerosas razones humanitarias y políticas para que el Estado haga todo lo posible por salvar la vida de Haidar.

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