Diario de León
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Panorama | antonio papell

Quizá no seamos plenamente conscientes todavía pero el 2009 pasará a la historia como el annus horribilis de la etapa democrática, esperemos que duradera hasta el infinito, que arrancó tras la desaparición de la dictadura. Nuestro ascendente, aunque frágil, bienestar se ha visto bruscamente interrumpido por un crash espectacular que ha generado un paro insoportable que ya alcanza los cuatro millones de desempleados, ha hundido al sector de la construcción residencial que llegó a representar el 14% del PIB, ha paralizado la convergencia europea y ha reducido los ingresos fiscales del Estado a niveles de los años ochenta. El batacazo, inserto en una recesión global de inauditas proporciones, ha sido aquí gravísimo porque en nuestro caso, como en el de Irlanda y en cierto modo en el de Estados Unidos y el Reino Unido, hemos padecido el estallido de la burbuja inmobiliaria, lo que nos obliga a precipitar una decisión largamente anunciada pero nunca realizada cuando aún era tiempo: el cambio del modelo de crecimiento, es decir, la sustitución de gran parte del sector de la construcción residencial por otras actividades de mayor valor añadido. Este designio, que en realidad representa una modernización de la economía española mediante mayores dosis de productividad, ha sido ya enunciado -”es la estrategia de economía sostenible, que habrá de plasmarse en una ley marco-” e incluye grandes pactos de Estado al menos en educación y en energía. Pero la puesta en marcha de la reforma será costosa y lenta, y esta dificultad explica que España salga de la crisis con algún retraso en relación a los países de nuestro entorno que no han padecido la crisis inmobiliaria. De cualquier modo, los pactos mencionados PP-PSOE son trascendentales, y la oposición pagaría sin duda un alto precio si renunciara a ellos por no beneficiar electoralmente al Gobierno.

Todo indica sin embargo que estamos a punto de tocar fondo, es decir, de empezar a anotar tasas de crecimiento positivas, aunque a lo largo del ejercicio del 2010 no parece que pueda alcanzarse la velocidad de crucero del 2% interanual que permitiría la creación neta de empleo. El año arranca con la presidencia semestral de la Unión Europea, que reforzará la imagen gubernamental y aportará cierto optimismo al panorama mediático, sin duda útil para remontar la crisis (ya se sabe que la economía es también un estado de ánimo). Es probable asimismo que se conozca de forma inminente la sentencia del TC sobre el Estatuto de Cataluña, y en términos pacificadores según parece; de confirmarse este buen presagio, filtrado por el propio TC, el PSC-PSOE podría recuperar resuello en Cataluña con vistas a las elecciones autonómicas que deberían celebrarse, si no se anticipan, en noviembre. Y tampoco puede descartarse que Rodríguez Zapatero, para recuperar impulso e iniciativa, efectúe un cambio de gobierno después del semestre europeo, cumplida ya la mitad de esta legislatura.

Como es evidente, el lento despegue español estará previsiblemente muy condicionado por la coyuntura exterior; sin embargo, si aquí predomina, como pedía el Rey en su intervención de la pasada Nochebuena, el sentido del Estado sobre el electoralismo rampante, será más fácil avanzar en el camino de las reformas pertinentes. La mirada perpleja de los damnificados por la crisis así lo exige.

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