El parlamento andaluz regula el derecho a morir dignamente
La norma sale adelante con el apoyo del PP, que sólo votó en contra de los puntos que rechazan la objeción de conciencia
Andalucía se convirtió ayer en la primera comunidad autónoma que regula el derecho a morir dignamente y a decidir sobre los tratamientos recibidos durante la última etapa de la vida, incluida la sedación terapéutica, al tiempo que da cobertura legal a los profesionales que los realicen en hospitales tanto públicos como privados. La norma salió adelante con el apoyo de toda la cámara autonómica, aunque el PP votó en contra de varios artículos al no recoger el derecho a la objeción de conciencia.
La norma se inspira en casos como el de la parapléjica granadina Inmaculada Echeverría, que pidió la desconexión de la ventilación mecánica que la mantenía con vida y que tuvo que ser trasladada a otro hospital desde un centro religioso para poder atender su petición. Según explicó la consejera de Salud, María Jesús Montero, el objetivo de esta norma es «aportar claridad y transparencia» sobre los procedimientos y técnicas, garantizando que la petición de los enfermos se cumplirá en cualquier centro médico, ya sea público o privado e incluso religioso. De esta forma, se regulan los derechos de los pacientes al final de su vida a que se limite el esfuerzo médico y se prohibe el denominado «encarnizamiento» terapeútico. La norma garantiza los cuidados paliativos integrales, que serán proporcionados, si así lo desea la persona, en su propio domicilio y siempre que no estén contraindicados. También se establece la posibilidad de recibir tratamientos para aliviar el sufrimiento y el dolor. No obstante quedan fuera de la ordenación la eutanasia activa y el suicidio asistido, tipificados como delito en el Código Penal.
1397124194 No imponer. La nueva ley también se fija en los profesionales médicos, a los que ampara en el cumplimiento de dichos derechos, y señala que deberán respetar la voluntad del paciente sin imponer sus opiniones personales, morales, religiosas o fisiológicas. Precisamente este es uno de los aspectos que más polémica ha levantado, y de hecho el PP ha votado en contra de los tres artículos que lo refieren al considerar que el sanitario debería poder imponer su libertad individual para acogerse a la objeción de conciencia.