SENTENCIA EN LÉRIDA
Cuatro años de cárcel a un expolicía por imponer multas falsas a sus enemigos
En algunos casos, los sancionados tenían sus vehículos en el taller de reparación
La Audiencia de Lérida ha condenado a un exagente de la Guardia Urbana de Lérida a 4 años y 6 meses de prisión por haber multado, estando fuera de servicio, a varios vecinos de Alguaire (Lleida) por enemistad, ya que en el momento en que los denunció éstos tenían sus coches en el taller.
La sentencia considera acreditada la " inveracidad " de las infracciones denunciadas por el exagente y advierte de que aunque los agentes de la policía local tienen competencia para imponer multas fuera de servicio, esto se hace de forma excepcional, cosa que no sucedió en este caso.
Durante el juicio, que se celebró el pasado 12 de mayo en Lérida, el exagente, que actualmente se encuentra fuera de servicio por invalidez, negó los hechos y aseguró que no se había inventado las denuncias contra sus vecinos.
14 SANCIONES EN DOS MESES
Los hechos ocurrieron entre septiembre y octubre del 2007, cuando el condenado aún ejercía de agente de la Guardia Urbana de Lérida. En esos dos meses impuso 14 denuncias estando fuera de servicio a vehículos conducidos o propiedad de vecinos de Alguaire, donde el acusado residía por aquel entonces.
En todos los casos, las denuncias por irregularidades de tráfico las interpuso siempre por la misma zona y sin identificar al conductor. En varios casos, las denuncias tenían un minuto de diferencia.
En las denuncias, el agente alegaba que el conductor iba hablando por el móvil --aunque no lo identificaba--, que iba conduciendo de forma temeraria, que se había saltado un semáforo o no había respetado el paso de peatones. En una de las ocasiones, interpuso dos multas contra un convecino con el que había tenido varios procedimientos judiciales.
Durante el juicio, quedó demostrado que en dos de los casos los denunciados tenían el coche en el taller en el momento en que se les acusó de la infracción de tráfico, ya que así lo corroboraron los dueños de los establecimientos de reparación de los vehículos. Los otros alegaron que estaban trabajando en el momento de los hechos.