Reportaje | raúl casado
Desaparecer del ciberespacio
La Agencia Española de Protección de Datos canaliza muchas de las quejas en un país que junto a Canadá son unos de los que mejor protegen la intimidad
El «derecho al olvido», a desaparecer del ciberespacio o a borrar voluntariamente el rastro que uno ha dejado durante el tiempo que utiliza Internet o las redes sociales comienza a abrirse camino y a ser reclamado por quienes han usado esas redes, pero puede resultar una misión prácticamente imposible.
Los expertos consultados coinciden: Internet se ha convertido en una herramienta de comunicación casi imprescindible para millones de personas, muy atractiva e interesante además porque los servicios que ofrecen son gratuitos, pero esa fácil accesibilidad se torna en compleja a la hora de elegir «desaparecer» de la Red.
Han insistido además en la importancia de ser extremadamente cuidadosos con las informaciones, los datos y las imágenes que se suministran, con el fin de proteger al máximo la privacidad de esos datos y de evitar su utilización para fines para los que no han sido autorizados.
Los ejemplos a los que se refieren son claros: el vídeo que un joven «cuelga» con veinte años bañándose desnudo en una playa de madrugada puede resultar divertido en su momento y para su entorno, pero ser comprometedor años después en un entorno laboral o familiar diferente. Durante los últimos años, se han sucedido los casos de personas que, tras alcanzar alguna cota de éxito y popularidad, se han visto «traicionadas» por aquellas imágenes que colgaron en la Red. Las empresas de selección para ocupar un determinado puesto, pueden en muchos casos a través de esas redes sociales conocer datos personales de los candidatos.
El investigador Gonzalo Álvarez Marañón, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha incidido en la importancia de diferenciar la «desactivación» de una cuenta o perfil, algo «relativamente» sencillo, de la «eliminación» o borrado total de ese perfil, lo que a su juicio puede llegar a ser «verdaderamente enrevesado».
Álvarez Marañón, experto en criptología y seguridad de la información en el Instituto de Física Aplicada del CSIC, ha observado que desactivar una cuenta no tiene «el más mínimo impacto» y que normalmente se vuelve a activar en el momento que un usuario vuelve a introducir sus claves o contraseñas; pero en el caso de la «eliminación» completa de un perfil, los pasos son más complejos.
Sin embargo, este investigador ha planteado algunas dudas sobre la conservación de las informaciones o fotos que estuvieron «colgadas» y sobre si las empresas que gestionan las redes sociales pueden o no conservarlas, y si de hecho lo hacen.
Los datos sobre la utilización de Internet son abrumadores, y como consecuencia de ello las quejas también se han disparado; muchas de ellas se canalizan a través de la Agencia Española de Protección de Datos, que ha observado que la mayoría se refieren a la difusión de información (normalmente fotografías) de personas sin su consentimiento.
La última memoria de este organismo refleja que el pasado año el número de expedientes iniciados relacionados específicamente con servicios prestados por Internet fue de 156. Dieciocho de esos expedientes se abrieron como consecuencia de 31 denuncias relacionadas con usuarios de las redes sociales Facebook y Tuenti, y la mayor parte de éstas se referían a la difusión de fotografías de terceros sin su consentimiento.
Fuentes de Tuenti -”una empresa cien por cien española-” han asegurado que esta red social «borra» por completo todo el rastro de una persona que ha sido usuaria de la misma pero ha querido cancelar ese perfil. Sin embargo, las mismas fuentes han reconocido que el nivel de exigencia no es el mismo en todas las redes, y han observado que depende en gran medida de la legislación que en materia de protección de datos tenga el país donde se localice la empresa «matriz» de la red.
En ese sentido, la legislación española en materia de protección de datos es «muy garantista» para los usuarios, según las mismas fuentes, que han asegurado que España es, junto con Canadá, uno de los países en los que «más y mejor» se protege la intimidad de las personas.
El abogado Carlos Sánchez Almeida, especializado en Internet y en nuevas tecnologías, ha señalado que, en España, cada persona es dueña de su propia imagen, pero ha advertido de que en numerosos casos pierden el control cuando introducen datos o imágenes en Internet.