Murcia y Navarra se resisten a aplicar la ley del aborto hasta que haya sentencia

El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, aseguró ayer que, «de momento, no hay razones» para acatar la ley del aborto porque todavía no se ha resuelto todo y no hay sentencia en firme por parte del Tribunal Constitucional, después de los recursos presentados por el PP y el Gobierno de Navarra. Valcárcel sostuvo que «seguiremos buscando las vías jurídicas, en ellas estamos, y cuando se haya resuelto todo ya veremos a ver qué es lo que se hace. «De momento -”agregó-” no hay razones para acatarlo».

Sin llegar al límite expuesto por Valcárcel, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid expresó su intención de «proteger en todo momento el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios». La Xunta de Galicia, por su parte, no introducirá información propia relacionada con las ayudas a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo en el sobre que, por decreto de Gobierno central, las autonomías deben entregar a las gestantes a partir de este lunes.

De esta forma, surgen nuevos frentes contra la ley del aborto que entró en vigor ayer y por la que, por primera vez en España, la mujer no estará obligada a dar explicaciones para interrumpir su embarazo hasta la semana 14 de gestación. En el caso del Gobierno de Navarra, éste confirmó que seguirá derivando a las mujeres que deseen abortar a centros de otras CC.AA. y bajo subvención. La tesis de la Consejería navarra de Salud es que la objeción de conciencia de los médicos no está convenientemente regulada.

Sanidad pública. Las castellano-manchegas que quieran abortar acogiéndose a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo deberán hacerlo en clínicas privadas, pues todos los ginecólogos de la sanidad pública de la comunidad se han declarado objetores de conciencia. Así, en ningún centro sanitario dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) se practicarán abortos voluntarios. No obstante, el Sescam anunció ayer que llegará a acuerdos con «clínicas acreditadas de esta comunidad o de otras cercanas para poder realizar las interrupciones voluntarias del embarazo y garantizar así las prestaciones que recoge la ley», según declaró la delegada provincial de Salud en Albacete, Angelines Martínez.

La entrada en vigor de la nueva ley fue, de nuevo, criticada por la Conferencia Episcopal, que la tildó de «objetivamente incompatible con la recta conciencia moral y deja «sin protección alguna» la vida humana.

Por otro lado, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, aseveró que está «todo preparado y listo» para que la nueva ley del aborto se ponga en marcha «con toda normalidad». Indicó que la realidad española está marcada por un «creciente número de abortos en las últimas décadas», por lo que el objetivo principal de la nueva ley es frenar el número de embarazos no deseados.