Un nuevo genocidio
Cada día su afán José-Román Flecha Andrés
E l día 5 del pasado mes de julio ha entrado en vigor en España la ordinariamente conocida como ley del aborto. A estas horas parece que ya se ha dicho todo, por una parte y por otra. Se han utilizado argumentos y contraargumentos, se han enfrentado la racionalidad, la ciencia, la ideología y la demagogia. Es difícil dialogar en medio del griterío.
Pero hay un punto que no se puede olvidar. En el artículo 12 de la ley se encuentra lo más fundamental. «Considerar el aborto como un derecho fundamental de la mujer por encima del derecho del feto a vivir. Sin embargo, en el debate social ha sucedido que el árbol no deja ver el bosque, porque se ha gastado la pólvora en las disquisiciones jurídicas sobre si una chica de 16 ó 17 años puede o no decidir por ella misma, dando por supuesta la legalidad (constitucional) de que la voluntad de la mujer puede decidir sobre la vida del nasciturus».
Estas palabras se deben al Dr. Juan Ramón Lacadena, hasta fechas muy recientes catedrático de Genética en la Facultad de Biología de la Universidad Complutense. Bien conocido por su docencia y sus publicaciones, este prestigioso académico, expuso en un interesante congreso de Bioética unas lúcidas reflexiones éticas y jurídicas en torno al proyecto de ley sobre el aborto. Su ponencia ha aparecido en el libro «Bioética en Europa y Derechos de la Persona», publicado recientemente por la Universidad Pontificia de Salamanca.
Tiene razón el Doctor Lacadena. Durante meses y meses se ha discutido sobre lo periférico mientras se olvidaba lo nuclear de la cuestión.
En efecto, se ha subrayado la incongruencia de la libertad y autonomía para abortar que asiste a una joven menor de edad, mientras se requiere el permiso paterno para muchas actividades menos dramáticas, como la participación en un viaje escolar.
Mientras tanto, se ha pretendido dejar en la sombra lo más grave de este proceso legal y cultural. Y es muy grave reconocer como «derecho» el dar la muerte a un ser humano inocente, precisamente cuando se encuentra en la situación de la máxima dependencia respecto a su madre.
Aunque no se atreva a manifestarlo públicamente, toda la sociedad percibe la importancia de una decisión tan grave. Y de una contradicción tan alarmante.
Una sociedad que ha optado por suprimir la pena de muerte para los culpables no puede reinsertar tranquilamente la pena de muerte para los inocentes.
Bastó una frase para proclamar que un feto de trece semanas es «un ser vivo, claro; lo que no podemos hablar es de ser humano, porque eso no tiene ninguna base científica». Así quedaba abierta la puerta al nuevo genocidio.
Y no se diga que este es un problema que afecta a los católicos. No hay derecho a la muerte. Hay derecho a la vida y a la defensa de la vida. La defensa de la vida es un derecho y un deber de toda la humanidad, si es que quiere ser realmente humana y humanizadora.