El Gobierno fija un tope de 180 días de espera para cirugía cardíaca y prótesis
Guisasola recuerda que Castilla y León tiene fijado un límite máximo de 130 días
Guisasola, primero por la izquierda, en el Consejo Interterritorial presidido por Trinidad Jiménez
Los consejeros de Salud de las Comunidades Autónomas se comprometieron ayer a cumplir los plazos de tiempo marcados por el proyecto de real decreto que fija un máximo de 180 días de espera para someterse a una intervención de cirugía cardíaca valvular y coronaria, cataratas o prótesis de cadera o de rodilla.
Este tiempo se contabilizará desde la fecha de entrada del usuario en el registro de lista de espera, según detalló la ministra de Sanidad y Política Social. Trinidad Jiménez aseguró que el acuerdo se adoptó «por unanimidad» en el pleno del Consejo Interterritorial de Salud celebrado en Palma de Mallorca y que todas las CC.AA. están en condiciones «de dar satisfacción plena» a esta nueva normativa.
«Estamos ante una novedad de mucho calado, porque abre la puerta a la posibilidad de ir acortando los tiempos máximos de espera cuando las circunstancias así lo permitan», precisó. El acuerdo determina que el Ministerio podrá revisar periódicamente estos plazos, para mejorarlos de acuerdo con la realidad sanitaria, la situación económica y las necesidades de los usuarios del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Además, podrá incluir tiempos máximos de acceso para otros procesos en consultas externas y primera consulta de atención especializada y para procedimientos diagnósticos y terapéuticos. La ministra destacó que el decreto «genera mayor equidad y cohesión», porque garantiza el derecho del paciente a ser atendido «en un tiempo clínicamente tolerable, con independencia de cuál sea su lugar de residencia».
1397124194 En Castilla y León. Por su parte, el consejero de Sanidad de la Junta, Francisco Javier Álvarez Guisasola, destacó ayer que la legislación de la Comunidad mejora con creces el decreto estatal. Al respecto, explicó que la normativa estatal que establece un plazo máximo de 180 días para una serie de itnervenciones, es algo que afecta poco a Castilla y León», porque « lo tenemos fijado en 130 días». «Haremos caso a nuestro decreto», añadió.
Asimismo, durante la reunión del Consejo, se puso sobre la mesa también la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, que se debe cumplir, dijo el consejero, lo que requerirá « una financiación adecuada». En este sentido, explicó que esta estrategia conllevará nuevas prestaciones sanitarias, así como facilitar la adquisición de anticonceptivos de nueva generación, lo que supondrá más gastos. « Se debe evaluar su coste para la sostenibilidad y el mantenimiento de un servicio de calidad», agregó.
Álvarez Guisasola insitió ayer en la necesidad de que se alcance un pacto de Estado para la sostenibilidad del sistema sanitario, porque sino, con el actual modelos de financiación autonómica, «el futuro no va a ser muy favorable» para su mantenimiento.