Un juez investiga a la familia Carulla por un presunto fraude fiscal millonario

El Juzgado número 4 de Instrucción de Barcelona ha abierto una investigación contra los principales miembros de la familia Carulla, propietarios de la empresa Agrolimen, por un presunto fraude fiscal de millones de euros, según fuentes judiciales.

Las pesquisas se centran en la venta de las acciones del grupo a dos sociedades radicadas en las Antillas Holandesas (paraíso fiscal) y controladas, a su vez, por unas firmas radicadas en dos países suramericanos. Estas compañías están controladas por la misma familia de empresarios y uno de sus componentes es el administrador.

Las pesquisas se iniciaron hace meses a raíz de un informe de la Agencia Tributaria remitido a un juzgado de la Audiencia Nacional, en Madrid, en el que se apuntaba un presunto delito fiscal en los que supuestamente están involucrados Lluís, Artur (presidente de Agrolimen), Mariona Carulla (actual presidenta del Palau de la Música), Montserrat y Jordi Carulla Font, los principales accionistas, junto con sus hijos, de Agrolimen. Este grupo, fundado en 1935 por Lluís Carulla (Gallina Blanca), actualmente tiene 22 fábricas, unos 7.000 empleados directos y marcas prestigiosas como Ausonia, Mont-Ferrant, Afinitty, Pans & Company, Fresco y El Pavo.

VENTA DE ACCIONES A SOCIEDADES HOLANDESAS

En su informe, Hacienda desvelaba que a raíz de una inspección en el banco portugués Espirito Santo se habían hallado una serie de operaciones presuntamente irregulares de miembros de la familia Carulla y detalla una serie de negocios, la mayoría efectuados entre el 2006 y el 2007. Una de estas operaciones es la venta de acciones por parte de los seis hijos del fundador de Agrolimen a unas sociedades holandesas. La operación alcanzó los 180 millones de euros.

"Es un caso de ingenieria financiera", aseguraron a este diario fuentes conocedoras de las pesquisas. Y es que la Audiencia Nacional abrió en el 2008, a raíz del informe de Hacienda, unas diligencias de investigación, aunque el juzgado que las abrió acordó posteriormente remitir este asunto (más otro en el que figura implicada otra millonaria familia catalana) a los juzgados de Barcelona.

Según fuentes jurídicas, el caso que implica a la familia Carulla llegó a pasar por las manos del juez Juli Solaz, que investiga el presunta saqueo del Palau de la Música (Mariona Carulla es la presidenta de la entidad cultural). El magistrado no aceptó la competencia y el proceso ha ido a parar al Juzgado número 4 de Instrucción de Barcelona, que dirige el juez Josep Maria Miquel Porras, que ya ha iniciado las pesquisas. Posiblemente, se citará a declarar en los próximos días a algunos miembros de la familia Carulla.

MEDIDAS PARA NO PAGAR IMPUESTOS EN ESPAÑA

La Agencia Tributaria sospecha que uno de los miembros de la familia Carulla, que figura como administrador de las sociedades holandesas (su objeto social está relacionado con el mundo de los seguros), tiene su domicilio oficial en el extranjero, cuando realmente vive en Barcelona, y que todo el entramado tiene como finalidad el no pagar impuestos en España.

En el informe de Hacienda también figuran las empresas de los hijos de los patriarcas Carulla y que, curiosamente, diversas fuentes denominan las min , el prefijo que precede al nombre del padre o de la madre (Minma, Minar, Minau). "Es un caso típico de deslocalización fiscal aparente", explicaron fuentes conocedoras de la investigación.