El Estado acusa a Google de lucrarse con los datos personales

Google no es un simple buscador de Internet. Su presencia dominante en el ciberespacio le exige responsabilidades. Tanto en el tratamiento de los datos que aparecen en los sitios web como en la posibilidad de eliminar aquellas referencias comprometidas. Con estos argumentos, la Abogacía del Estado defendió ayer ante la Audiencia Nacional la primera demanda presentada por Google España contra la Agencia Española de Protección de Datos, después de que el organismo público tramitase cinco resoluciones en la que solicitaba al buscador que aplicase el denominado «derecho al olvido», esto es, que suprimiese los datos de cinco particulares que habían denunciado la vulneración de su derecho a la privacidad.

La Abogacía del Estado, en defensa de los intereses estatales, rebatió uno a uno el recurso del gigante de la Red (1.000 millones de usuarios en todo el mundo, 33 de ellos en España). Defendió el derecho de los usuarios «a que les dejen en paz», consideró la «legitimidad» de las denuncias presentadas ante Protección de Datos y concluyó que el papel del buscador va más allá de ser intermediario entre los usuarios y los sitios web de origen.

A preguntas del tribunal, el abogado del Estado, José Antonio Perales, respondió que Google no sólo es un buscador al uso. «Almacena en sus ficheros toda la información que capta, posee enlaces directos con los servidores y se lucra con el tratamiento de los datos gracias a su posición predominante» en la Red. En suma, «a más contenidos indexados, mayores ingresos publicitarios», resumió el abogado Gabriel Gómez, que representó a uno de los cinco ciudadanos que buscó amparo en Protección de Datos.

Encendida defensa. Por su parte, el abogado de Google España, Luis Aparicio, hizo una encendida defensa del carácter universal de Internet como espacio virtual sin barreras y admitió que el objetivo del Estado no era otro que limitar el impacto del buscador. Con la admisión del derecho al olvido «se quiere poner el cascabel al modelo Google, acabar con su exitoso negocio», señaló el letrado, que estuvo acompañado por un equipo jurídico.

Para el representante legal de la compañía estadounidense, si el tribunal de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional acepta la propuesta de Protección de Datos se podrían vulnerar derechos fundamentales (honor, información) y, lo que es peor, «nos encontraríamos ante un tipo de censura». Un argumento rebatido con ahínco por el abogado del Estado: «No hablamos de censura, sino de proteger el derecho a la privacidad de las personas».