Los alcaldes de grandes urbes rehúyen su responsabilidad en la contaminación

Los asmáticos, alérgicos y personas con enfermedades respiratorias y cardiacas pueden invocar la ayuda del santoral y del clima, pero mejor que no apelen a la iniciativa de los políticos. Una vez más, los primeros ediles de urbes con mayores índices de contaminación se mostraron hábiles para salirse por la tangente y echar la culpa a otros.

La reunión que mantuvo el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Crespo, con la ministra de Medio Ambiente Rural y Marino, Rosa Aguilar, ofreció magros resultados. El departamento ministerial se comprometió a elaborar, con el auxilio de municipios y comunidades autónomas «planes nacionales» para analizar cada una de las sustancias que contaminan la atmósfera y afectan a la salud de los ciudadanos.

Aguilar tiene previsto convocar en marzo a las autonomías en una conferencia sectorial para que presenten propuestas que se plantearán al Gobierno central. Poco más de sí dio el encuentro. Pedro Crespo abogó por medidas que sirvan para descentralizar servicios administrativos en las grandes ciudades, la peatonalización de los cascos antiguos y el fomento del transporte colectivo con buenas conexiones con el metro y trenes de cercanías. Además urgió a la fabricación de coches eléctricos -propuesta que secundaron los ministros de Industria y Ciencia- y demandó que la construcción de nuevos barrios requiera declaraciones de impacto ambiental.

El Gobierno se muestra dividido sobre la posibilidad de aumentar la fiscalidad sobre el automóvil como remedio para mitigar la contaminación. Mientras la ministra Rosa Aguilar aseguró que el Ejecutivo «no quiere cobrar más impuestos por la mala calidad del aire», el de Industria, Miguel Sebastián, no descartó revisar los gravámenes para penalizar a los propietarios de los coches más contaminantes.

Los alcaldes de las ciudades con más contaminación, como Madrid, Barcelona y Valencia, evitaron asumir responsabilidades. Frente a la pasividad de los munícipes, la Comisión Europea aplaudió la iniciativa de la Fiscalía de Medio Ambiente de emprender una investigación para averiguar si las grandes urbes cumplen la directiva comunitaria sobre calidad del aire.