Los dependientes prefieren su casa
Un 57% de las personas apuestan por recibir ayudas económicas desligadas de la prestación de un servicio, según la secretaria de Política Social y Consumo
Los beneficiarios de la ley de dependencia prefieren administrar la ayuda económica que les ha sido concedida en vez de ir a una residencia. La secretaria de Política Social y Consumo, Isabel Martínez Lozano, compareció ayer en el Congreso y defendió la libertad de los afectados y personas mayores para gestionar la prestación que les procuran las administraciones autonómicas. «Nos olvidamos de lo que quieren las personas a las que van dirigidas las políticas», aseveró la secretaria general.
Martínez Lozano tuvo que soportar las críticas que le dirigieron los representantes del PP, CiU e IU, quienes subrayaron que el 57% de las ayudas que prevé el sistema son de carácter económico y están desligadas de la prestación de un servicio. La representante ministerial argumentó que, cuando se coloca a los dependientes en la disyuntiva de elegir servicios o prestaciones, los beneficiarios apuestan por ser ellos mismos los que quieren «gestionar su autonomía» y decidir sobre los cuidados que desean recibir. Para Martínez Lozano, la actitud de los mayores sobre su autonomía ha experimentado cambios profundos en los últimos años, circunstancia que se verá reflejada en el próximo informe que evalúa la norma, estudio que será publicado en las próximas semanas.
La secretaria general pidió a los diputados de la Comisión de Sanidad y Política Social amplitud de miras y paciencia a la hora examinar los resultados de la ley. Martínez Lozano se quejó de que a la ley se le exija más en tres años de vigencia que a una norma aprobada hace 25 años. Lo importante, dijo, es que gracias a la ley se ha podido atender a 700.000 personas.
La diputada del PP, Lourdes Méndez, se rebeló contra la visión del Gobierno y adujo que las ayudas meramente económicas son las que menos esfuerzo suponen para las comunidades autónomas, que a la postre son las que tienen que gestionar las ayudas. Según Méndez, el Ejecutivo peca de deslealtad al reducir los fondos dirigidos a financiar el sistema nacional de dependencia. También IU arremetió contra el tijeretazo de las políticas sociales. Gaspar Llamazares demandó una «reorientación» del Estado del bienestar, que, denunció, es solamente asistencial y está basado en subvenciones. Según Llamazares, la aplicación de la ley se contradice con su espíritu fundacional, dado que en su origen contemplaba la ayuda económica como la excepción. .
Carles Campuzano, de CiU, alertó de que mientras son cada vez más numerosos los demandantes de ayuda, los recursos para financiar las prestaciones decrecen. El parlamentario de CiU expresó sus reservas por las malas perspectivas para la sostenibilidad del sistema e interrogó a Martínez Lozano sobre si el beneficiario sufrirá sucesivos incrementos del copago. Pese las diferencias, los grupos parlamentarios mostraron su consternación por el aumento de la pobreza infantil en España, que, según los informes de Unicef, alcanza ya el 24%. El fenómeno está relacionado con el fracaso escolar y el empobrecimiento de las familias.