Investigan unas oposiciones en Castilla-La Mancha
La Fiscalía de Castilla-La Mancha está investigando un presunto fraude en las oposiciones convocadas el pasado año por la Junta de Castilla-La Mancha para cubrir 23 plazas de auxiliar técnico educativo. Ha sido la propia administración autonómica la que ha puesto el caso en manos de la Justicia al encontrar indicios de un posible trato de favor hacia cuatro de los 2.800 opositores que se presentaron al examen.
En concreto, las cuatro personas que obtuvieron la máxima nota posible en la prueba y que no cometieron fallo alguno son de la misma localidad donde trabaja y reside la presidenta del tribunal: Talavera de la Reina (Toledo). Una curiosa coincidencia que animó a la Dirección de la Función Pública de la Junta de Castilla-La Mancha a abrir una investigación interna que ahora ha acabado con el caso en manos de la Fiscalía «para que lo investigue y lo traslade a un juzgado para una posible acción penal», según indicó en la jornada de ayer el director general de la Función Pública, Luis Herrera.
El traslado de este asunto a la Justicia fue aplaudido por el sindicato Csif, que pidió «que los opositores que no están bajo sospecha puedan optar a estas 23 plazas con total transparencia y en base a los principios de igualdad, mérito y capacidad».