Amnistía cree que cientos de miles de familias pueden llegar a perder su casa

Cientos de miles de familias en España están en riesgo de perder su vivienda, dado que alrededor de nueve millones de personas viven en la pobreza y muchas de ellas sin respaldo jurídico, ni acceso a una información que les permita hacer valer sus derechos, advirtió ayer Amnistía Internacional (AI).

Esta alarmante situación es recogida en el documento Derechos a la intemperie. Obstáculos para hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales en España , presentado ayer en rueda de prensa, en la sede de la organización, por el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.

En el acto participaron también el abogado Javier Rubio, representante de varias familias alojadas en los asentamientos de la Cañada Real Galiana en (Madrid), que ha estado acompañado de Irene Muñoz, asesora jurídica de la confederación de enfermos mentales Feafes.

Según Esteban Beltrán, la privación del acceso a las personas a una vivienda digna así como a una sanidad pública universal son ejemplos de «violaciones de los derechos humanos» de igual calado que la falta de libertad o de expresión.

Aparte del problema de la vivienda con progresivos desahucios y desalojos forzosos en España, el director de AI-España denunció que cerca de 200.000 personas carecen de cobertura sanitaria pública por el simple hecho de haber dejado de percibir la prestación por desempleo o por no haber trabajado nunca.

Los intervinientes advirtieron en el acto de que muchas de las personas sin recursos en España se encuentran además «indefensas» jurídicamente, dado que no existen leyes que las respalden. Además, según Beltrán, estas personas resultan «invisibles» desde el punto de vista estadístico, puesto que apenas existen datos oficiales sobre pobreza o número de personas desahuciadas en España. La indefensión y el desconocimiento respecto a la posibilidad de obtener reparación frente a los daños ocasionados por vulneración de derechos se agrava en los grupos socialmente más vulnerables, como los niños, los ancianos, los inmigrantes, las mujeres maltratadas, etc.

Así, por ejemplo, de acuerdo a los datos aportados en la rueda de prensa, más de 800.000 personas en España son analfabetas, y de ellas, siete de cada diez son mujeres.

Según los intervinientes, la falta de datos o el exceso de tecnicismo y opacidad en el lenguaje para informar de ciertos servicios básicos convierten a los ciudadanos en presa fácil de prácticas abusivas.

De ahí, la necesidad de una ley en España que regule el acceso a la información, como existe en otros países del entorno, ha asegurado Beltrán.