La ley de Muerte Digna garantiza el derecho a suspender el tratamiento

El Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de ley Cuidados Paliativos y Muerte Digna, una norma que persigue definir los derechos de los pacientes en situación terminal y evitar el «sufrimiento innecesario y el encarnizamiento terapéutico», según destacó la ministra de Sanidad, Leire Pajin.

La iniciativa garantiza el derecho de los enfermos en agonía a prescindir en un momento dado de los tratamientos que venían recibiendo. El texto prevé el uso de sedaciones, incluso si ello acelera la muerte. La ministra Pajín adujo que esta norma, que en breve comenzará su trámite parlamentario, no pretende autorizar la eutanasia ni el suicidio asistido, que siguen «penalizados».

En la etapa final de su vida, el paciente tendrá derecho a que se preserve su intimidad y a que se le procure auxilio espiritual, en conformidad con sus creencias religiosas. El proyecto, en cuya gestación han participado expertos, agrupaciones de enfermos y profesionales sanitarios, reconoce el derecho de los pacientes a disfrutar de asistencia domiciliaria en los cuidados paliativos que necesiten, con el fin de que, si así lo desean, puedan morir en sus casas.

Cuando la persona padezca una enfermedad «avanzada, incurable y progresiva», podrá hacer que prevalezca su decisión sobre la atención que se le dispensa, incluida la posibilidad de rechazar los tratamientos propuestos por los médicos. Para ejercer este derecho, el enfermo habrá de expresar su consentimiento informado y hacerlo constar por escrito, al tiempo que se habrá de incorporar esta petición, que será libremente revocable, a la historia clínica. Si el paciente no pudiera firmar por incapacidad física para dejar constancia de su voluntad, lo hará en su lugar otra persona que actuará como testigo.

1397124194 Mucha información. El enfermo terminal habrá de recibir informaciones sobre su estado real de salud, calidad y expectativas de vida. Además, habrá de recibir todos los tratamientos necesarios para prevenir y aliviar su dolor. En palabras de Pajín, se trata «pasar de un modelo asistencial a un sistema de derechos y garantías». Con esta ley se aspira a evitar situaciones como la sufrida por Inmaculada Echevarría, que padecía distrofia muscular progresiva y que se vio obligada a esperar seis meses para que le retiraran el respirador que la mantenía con vida.

No se trata, según Pajín, de legalizar el suicidio asistido o enmascarar una ley de eutanasia, dado que los médicos habrán de descartar «de una forma clara que existan expectativas de curación». El paciente podrá decidir que su tratamiento sea suspendido si sobre él pesa un pronóstico que reduce su vida a semanas o meses. En lo que atañe a los profesionales sanitarios, la norma no admite la objeción de conciencia. Los médicos no tendrán más remedio que acatar la voluntad y las convicciones y creencias manifestadas por el paciente.