La UE no aclara si blindará el secreto del paradero de las maltratadas
Bruselas reaviva la disputa con España por la protección de las víctimas
La comisaria de Justicia, Viviane Reding.
La Unión Europea presentó ayer con polémica su normativa para proteger a las maltratadas en cualquier país comunitario. La comisaria de Justicia, Viviane Reding, dejó en el aire la posibilidad de que se blinde el secreto de localización de la víctima, un derecho reconocido en España. La también vicepresidenta de la Comisión, que hace un año tuvo un sonoro enfrentamiento con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, reavivó la controversia al remarcar que en España el nivel de asistencia a los afectados por cualquier tipo de delito «es muy bajo».
Reding anunció su propuesta para extender el apoyo a las maltratadas en el marco del nuevo catálogo de derechos para las víctimas de un hecho delictivo. Esta legislación, que tiene por delante una larga tramitación en los distintos órganos comunitarios, pretende unificar la asistencia que recibe una persona en cualquier país de la UE cuando sufre un atraco, una agresión o incluso se ve afectada por un ataque terrorista.
«Se trata de que un ciudadano tenga la certeza de que va ser tratado con respeto y sensibilidad allá donde vaya», proclamó la comisaria luxemburguesa. La presentación de la ambiciosa normativa, sin embargo, se vio empañada por la sombra de su disputa con el Gobierno español. Hace un año, cuando España ocupaba la presidencia de turno de la UE, el Ejecutivo intentó sacar adelante sin éxito una euroorden de protección para maltratadas.
Entonces, Reding calificó de «chapuza» la propuesta porque no tenía la «base legal adecuada». A su juicio, la iniciativa sólo estaba pensada para los países que combaten la violencia doméstica por la vía penal y dejaba de lado a los socios que utilizan la jurisdicción civil e incluso la administrativa.
La vicepresidenta de la Comisión puso ayer sobre la mesa su propia legislación y no quedó claro si el paradero de una maltratada quedará en secreto cuando se mude a otro país. En cualquier caso, el contenido definitivo de la iniciativa se consensuará con el Parlamento Europeo y los gobiernos de los 27 países comunitarios.
Comunicar el paradero. El representante de la Comisión en España, Francisco Fonseca, precisó que la propuesta contempla comunicar al agresor en qué zona se encuentra su víctima precisamente para que no se acerque y acate la orden de alejamiento. Fonseca subrayó que el sistema español es similar porque al dictarse una medida de este tipo el maltratador conoce «forzosamente» el paradero de su víctima. El resto de la propuesta de Reding establece un catálogo de derechos básicos a respetar en toda la Unión Europea cuando una víctima entra en contacto tanto con la Policía como con los tribunales. El listado incluye que los afectados sean atendidos en su idioma -”con traductores o a través de las embajadas-”, reciban información sobre la marcha de su juicio incluso cuando han dejado el país o sean protegidos convenientemente para que no tengan que ver a su agresor.
La Comisión considera esencial que jueces y policías sean formados «apropiadamente» para que en toda la Unión Europea se alcancen unos estándares de atención similares. Reding puso a Reino Unido como ejemplo a imitar, mientras que señaló a España como uno de los países que ofrecen un apoyo «muy bajo» a las víctimas.