Cataluña rechaza el ultimátum sobre el castellano en la escuela

El auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, da un plazo de dos meses a la Generalitat catalana para que garantice que también el castellano sea lengua vehicular en la escuela, ha caído como un jarro de agua fría en la sociedad catalana, que siente el ultimátum como un «ataque» y un «atentado» a su línea de flotación social y educativa. Todos los partidos, salvo el PP y Ciutadans (que reúnen el 15% de los diputados en el Parlament), salieron este sábado en tromba contra el fallo del tribunal, que puede acabar con treinta años de modelo de inmersión lingüística.

Un sistema que, a diferencia del País Vasco, que tiene tres modelos educativos, está caracterizado por el hecho de que el catalán es la única lengua en la que se imparten las asignaturas. En cambio, la orden del TSJC, que es consecuencia directa de una sentencia del Supremo, obliga a la Generalitat a que el castellano no sea una materia más, sino que debe servir también como vía de conocimiento de otras asignaturas.

A pesar del rechazo casi unánime, también desde el sector educativo y de la sociedad civil, y de que tanto PSC, ICV, ERC o Solidaritat ofrecieron su apoyo al Govern de CiU para defender la inmersión lingüística, la clase política catalana volvió a evidenciar una división. Como ocurrió tras la sentencia del Estatut, los partidos catalanes discreparon a la hora de ponerse de acuerdo en los pasos a seguir contra el auto judicial. Así, la respuesta se movió entre los que son partidarios de hacer frente al fallo del TSJC por la vía política (CiU y PSC) y los que apuestan por el desacato (ERC, ICV y Solidaritat).