La plantación en Rasquera, bajo «presión política y policial»

El alcalde de Rasquera (Tarragona) no cree en las casualidades y está convencido de que la detención, el jueves por la noche, de la encargada de la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (ABCDA), por parte de los Mossos d’Esquadra, acusada de un presunto delito de tráfico de drogas, no tiene otra justificación que tratar de «desprestigiar» la iniciativa del consistorio.

La localidad tarraconense, según aprobó en pleno a finales del pasado mes de febrero, prevé ceder, a cambio de 1,3 millones de euros y la creación de 40 puestos de trabajo, siete hectáreas de la población (de no más de mil habitantes) para que la citada asociación levante una huerta para el cultivo de cannabis.

«Es evidente que las presiones policiales y políticas han aumentado desde que se anunció el proyecto. Está todo el mundo un poco asustado», afirmó Bernat Pellisa, de ERC, que ha renunciado a su militancia para que la decisión del ayuntamiento, que deberá ser ratificada por el municipio en referéndum el 10 de abril, no se vea salpicada por intereses partidistas.

Aunque desde la Consejería de Interior trataron este viernes de desvincular el proyecto de Rasquera con la detención de Anna O. P. (puesta en libertad a las pocas horas) y la imputación por tráfico de drogas de otros cuatro empleados de la asociación, lo cierto es que desde que la pequeña localidad tarraconense aprobó su iniciativa, el consejero de Interior del Govern catalán se ha mostrado muy enérgico en su oposición a la idea.

«Si esto tira adelante, la Policía tendrá que actuar y llevar esta iniciativa, si es que se materializa, ante el juez, y será la justicia e incluso la Fiscalía quienes tendrán que decidir si esto es o no objeto de delito según el Código Penal», dijo Felip Puig el mismo día que el consistorio dio luz verde al proyecto.

Azar, por tanto, para la Policía, que enmarcó la actuación contra la asociación a una investigación iniciada en 2011 y en la que los Mossos ya entraron en la (ABCDA) con la sospecha de que la entidad es una cortina de humo que esconde una plataforma de tráfico de drogas. Todo lo contrario de lo que piensa el edil de Rasquera, que no ve nada casual en la operación, en la que la Policía catalana intervino 1,3 kilos de marihuana por valor de 5.700 euros, que persigue, a su entender, «meter miedo» a la gente del pueblo.