«La Ley de Dependencia ha generado mucha frustración y desencanto»

Juan Manuel Moreno se ha curtido en todos los escalafones del organigrama del PP. Este malagueño nacido en Barcelona (1970) ocupa desde diciembre uno de los departamentos «más ingratos en tiempos de recortes», como él mismo reconoce. Desde la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad pretende «unificar criterios» en un área que adolece de una excesiva descentralización.

—«La Ley de Dependencia no es viable», ha afirmado Rajoy. «Se hizo mal», dijo Ana Mato. ¿Cree el PP de verdad en la Ley de Dependencia?

—El presidente del Gobierno y la ministra creen en la Ley de Dependencia y han hecho que su consignación presupuestaria creciera un 19%, hasta los 1.400 millones. Si el presidente no hubiera creído en esta ley, habría sido derogada. La Ley da respuesta a muchas personas, pero ha estado mal desarrollada, y eso ha generado que las comunidades no puedan pagarla y que el modelo sea muy complicado. —¿En cuánto tiempo estará la nueva ley?

—Veremos las conclusiones en dos meses. Llegaremos a un acuerdo con las comunidades y con los agentes sociales especializados y haremos la actualización necesaria en el plazo de tiempo más corto posible.

—¿Por qué modelo de atención al dependiente aboga más, por las residencias o por el trato en casa?

—La atención en un centro social da garantías, genera empleo y riqueza y, además, permite evaluar cómo se está tratando al dependiente. Algunas personas prefieren que se les cuide en su entorno, pero estos casos no deben ser una generalidad.

—También se ha hablado de una cartera mínima de servicios.

—Queremos que haya un principio de equidad en todo el territorio para que cualquier dependiente tenga unos servicios similares en el conjunto de España. Si cada región quiere ir más allá, que lo haga con sus propios recursos.

—¿Se revisarán también los grados de dependencia?

—Simplificar los grados para mejorarlos también está abierto.

—Hay 300.000 dependientes que no reciben ayudas y ayuntamientos y comunidades deben 1.500 millones a la patronal del sector. ¿Qué les dice a los perjudicados?

—Esperamos que con estos 36.000 millones que se han puesto a disposición de las administraciones para pagos a proveedores se puedan resolver situaciones como estas. Queremos corregir estos problemas porque sabemos que la Ley de Dependencia ha generado mucha frustración, desencanto y desánimo. Las altas expectativas no se han cumplido.

—En la reforma sanitaria se ha incluido el copago para prótesis o sillas de ruedas. ¿Cómo encaja esto con un correcto desarrollo de la Ley de Dependencia?

—A nosotros tampoconos agradan estas decisiones. Pero estamos en un contexto muy difícil y para velar por lo esencial tenemos que hacer ajustes. Lo que queremos es que se incluya en ese catalogo de servicios y se instaure un criterio común de participación en el pago, como hemos hecho con la farmacia.

—Al intentar acabar con el turismo sanitario, la nueva reforma sanitaria dejará sin atención a los ‘sin papeles’.

—En ningún país occidental los ciudadanos en situación de irregularidad tienen los mismos derechos que los regulares. Lo que decimos es que no pueden tener una tarjeta sanitaria quienes son ilegales desde el punto de vista administrativo. En cualquier caso, ninguna persona en situación irregular va a quedar desprotegida del sistema sanitario. Nadie se va a morir en la calle por un infarto. Quedan cubiertos en urgencias, como cualquier español.

—¿Y no teme que los inmigrantes ilegales acudan a urgencias y este servicio acabe colapsado?

—Las urgencias ya están colapsadas y ellos siempre entran por urgencias. Lo que se pretende es que un inmigrante ilegal no pueda cerrar una operación con un mes de antelación, como un español. Luego está la reagrupación familiar. En Melilla, cruzan la frontera cientos de marroquíes para ser atendidos, y luego regresan. No estamos para eso. Y en cuanto al turismo sanitario, invito a cualquier ciudadano español a que compruebe los requisitos que le reclaman en Alemania, Holanda o Austria, y somos de la UE. No es normal que España sea el gratis total para todos.

—¿Qué se puede hacer para acabar con la violencia de género? El endurecimiento de penas no ha funcionado..

—España necesita un cambio cultural ante un problema poliédrico que requiere respuestas penales, asistenciales, educativas y policiales.