El Gobierno reformará los polémicos centros de internamiento de extranjeros
Dará prioridad a inmigrantes con antecedentes penales y expediente de deportación.
Una periodista, en una de las habitaciones del CIE de Barcelona, que abrió sus puertas.
El Gobierno prepara cambios para los centros de internamiento de extranjeros (CIE). Estas instalaciones, que están en el ojo del huracán por las constantes denuncias de maltratos y violación de los derechos humanos y donde las autoridades retienen a los inmigrantes que están en espera de ser expulsados del país, acogerán de forma prioritaria a los extranjeros con antecedentes penales que tengan un expediente de deportación.
Lo anunció ayer el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, tras visitar el CIE de Barcelona, uno de los más cuestionados por las ONG, después de que en el pasado enero un joven guineano perdiese la vida por un infarto de miocardio, que entidades no gubernamentales y asociaciones de inmigrantes atribuyeron a que no fue atendido cuando el chico requirió asistencia médica. Su muerte, la segunda en dos años, y la de una mujer congoleña, en este caso en el CIE de Madrid dos semanas antes, puso en el disparadero estos centros, y diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos, como SOS Racismo, denunciaron la vulneración sistemática de los derechos fundamentales.
Además, el Síndic de Greuges, el defensor del Pueblo en Cataluña, Rafael Ribó, a quien fue denegada su entrada a la instalación de Barcelona, avisó que en los CIE se dan condiciones para que pueda haber malos tratos, como el hacinamiento de internos, y pidió reformas con urgencia para que no se conviertan, sin serlo, en centros penitenciarios. Los jueces y fiscales progresistas también reclamaron recientemente una regulación de su funcionamiento para evitar «violaciones de derechos fundamentales» y el Consejo General de la Abogacía Española denunció que la mitad de las privaciones de libertad en los CIE no tiene «un fundamento legal». Y es que, según los letrados, menos del 50% de los recluidos llegan a ser deportadas.
En medio de la polémica, el Gobierno, como anunció el número dos de Interior —estaba anunciada la presencia del ministro, pero Jorge Fernández Díaz canceló su participación—, se ha propuesto limpiar la imagen hermética y poco transparente de los centros. Para empezar, el CIE de Barcelona abrió ayer por primera vez sus puertas de par en par a cámaras y periodistas, que pudieron visitar las instalaciones y sobre todo las habitaciones —de cuatro o seis plazas, con literas y sin baño—.
Asimismo, pudieron escuchar también las quejas de los internos, que gritaron «no somos asesinos» desde el patio, mientras periodistas y responsables de Interior completaban el recorrido.