Los padres podrán perder la tutela de sus hijos por no llevar en el coche ‘sillita’
Mano dura para frenar las muertes de menores en accidentes de tráfico. Ese es el mensaje que lanzó ayer el fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, tras desvelar el preocupante aumento de la mortalidad entre los más pequeños en carretera.
Las medidas que plantean podrían llegar a la suspensión o retirada de la tutela a los padres en caso de que sean sancionados al volante al menos en tres ocasiones por incumplir el sistema de protección adecuado, es decir, no llevar la sillita correspondiente a la edad del niño.
Cuando el número de víctimas de tráfico ha descendido considerablemente en los últimos años, los niños fallecidos en accidentes ha pasado de los 60 en el 2009, a los 79 en el 2010, según cifras de la Dirección General de Tráfico (DGT). «La legislación en seguridad vial es muy permisiva», aseguró Vargas. Lo dijo amparado en los datos de un estudio realizado entre el 2008 y el 2010 cuya conclusión arroja que el 46% de los menores de 14 años fallecidos en un accidente de tráfico no llevaban ningún tipo de protección. Y del porcentaje que sí cumplía con las normas solo el 18% lo usaba de forma correcta.
Hasta pena de cárcel
Para concienciar a los padres de la necesidad de cumplir con la legislación, la fiscalía prepara varias iniciativas en el ámbito judicial y penal. Cuando un conductor acumule tres sanciones por no llevar los elementos de protección exigidos, la Fiscalía de Seguridad Vial remitirá la información a la Fiscalía de Menores, encargada de evaluar la necesidad de tomar medidas de protección del menor, que podría conllevar la apertura de diligencias.
Además, en casos en los que entre los fallecidos en un accidente haya un menor de 14 años se investigará en profundidad el motivo específico del deceso. La idea es averiguar si dicha muerte pudo haberse evitado de haber cumplido con los elementos de protección. En caso de ser así, los conductores podrán ser imputados por un delito de homicidio imprudente, castigado con una pena de entre uno y cuatro años de prisión.