"Me siento expulsado"

Un arquitecto catalán de 28 años, Francesc Romero, vecino de Marató (Barcelona), sin un contrato laboral que le permita cotizar como asegurado en el régimen de la Seguridad Social, ha sido informado de que a partir del próximo 1 de septiembre perderá el derecho a la asistencia pública que aún le facilita su tarjeta sanitaria, salvo si certifica que sus ingresos anuales son tan escasos que no superan un «límite reglamentario » aún por decidir. En este caso, mantendría su credencial.

El 1 de septiembre entrará en vigor el real decreto ley que el Ministerio de Sanidad aprobó el pasado 24 de abril, que acaba con el derecho a acceder a la asistencia sanitaria universal y gratuita por el hecho de ser ciudadano residente en España, una condición que desde 1985 garantizó la ley general de sanidad, aún vigente. Dicho decreto condiciona el acceso a la tarjeta sanitaria al hecho de estar «asegurado», ser cotizante de los impuestos vinculados a un empleo. A partir de septiembre, las personas en la situación del arquitecto Romero, profesional titulado universitario sin contrato laboral, perderán sus derechos sanitarios si no demuestran estar en situación de pobreza extrema. Lo mismo sucederá a cualquier desempleado que no esté inscrito en las oficinas de empleo. Romero ya se ha apuntado en el servicio catalán de empleo.

Los inmigrantes que no hayan regularizado su residencia perderán la credencial sanitaria en todos los casos, aunque certifiquen ausencia completa de ingresos. Tendrán derecho a acudir a los servicios de urgencia y sus hijos menores de 18 años recibirán una atención médica normalizada, al igual que las embarazadas. Hasta ahora, los sin papeles obtenían la tarjeta médica al empadronarse en el territorio español. En algunas comunidades, las consejerías de salud han previsto una acreditación especial, que, en principio, permitirá que esas personas accedan a «prácticamente» los mismos servicios a que tiene derecho el resto de ciudadanos.

Peculiar inscripción

Francesc Romero ha sido consciente de su situación gracias a la peculiar vía de inscripción sanitaria que escogieron sus padres cuando nació. En lugar de solicitar una tarjeta sanitaria para su hijo al Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), el organismo que concede la credencial en Cataluña, los padres del arquitecto la obtuvieron a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que depende del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (antes Trabajo). Esta atípica vía de acceso, heredada del antiguo régimen sanitario español, vincula la asistencia al hecho de estar asegurado o ser «beneficiario» de un empleado que pague impuestos. Romero siempre fue «beneficiario» de su padre, fallecido en el 2007.

La red del INSS

Desde entonces, ha recibido asistencia por la vía del CatSalut. Hace dos semanas, fue informado desde su centro de asistencia primaria (CAP) de que el INSS cortaría su cobertura sanitaria en septiembre si él no presentaba documentos que lo impidieran. «En el CAP no sabían nada más ±explica Romero ±. Fui a las oficinas del INSS en Mataró y un funcionario me confirmó que así era, y que irían llamando a las personas en mi situación». El Ministerio de Sanidad aprovechará la red de delegaciones del INSS que aún existen en toda España para vigilar la aplicación del citado decreto.

Desde que acabó Arquitectura, Francesc Romero ha prestado servicios en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), en convenios de cooperación educativa que no le proporcionaron ningún derecho laboral. «Ahora me encuentro que no tengo nada. Me siento expulsado », prosigue el arquitecto. «Busco trabajo aquí, pero lo más probable es que en otoño me vaya a Canadá. Intentaré empezar allí mi carrera profesional », explica.