Los medicamentos excluidos de la financiación pública serán 425
Desde agosto, momento de su aplicación, permitirá ahorrar 458 millones de euros.
Mato, en el centro, y Antonio Sáez (tercero por la derecha de la segunda fila).
El maratoniano Consejo Interterritorial de Salud de más de cuatro horas terminó ayer con una clara división entre las comunidades autónomas del PP y las dominadas por otras siglas políticas, sobre todo, Andalucía y País Vasco. Sin embargo, pese a esas regiones díscolas, la ministra de Sanidad, Ana Mato, anunció a bombo y platillo el éxito de la «primera fase de la reforma sanitaria» que comenzó con la aprobación del decreto de racionalización en abril y que concluyó con todas las medidas aprobadas en este consejo y que el Ejecutivo calcula que supondrán un ahorro de 2.200 millones. «Hemos cumplido nuestro compromiso de una sanidad pública, gratuita y de calidad. Ahora serán las comunidades las que deben poner las medidas en marcha», explicó Mato.
Al final serán 425 los medicamentos que el Ministerio excluirá de la financiación pública y que supondrá un ahorro de 458 millones de euros. Sin embargo habrá que esperar para saber cuáles son, ya que el Ministerio todavía no tiene cerrado el listado definitivo. Eso sí, calculan que la medida entrará en vigor en agosto, un mes después de su aprobación.
Mato volvió a justificar que los fármacos eliminados de la cartera básica están indicados para «síntomas menores» y son de «baja incidencia terapéutica», al tiempo que servirán para mantener la financiación de nuevas terapias para enfermedades graves. La ministra defendió que la actualización del nomenclátor (catálogo de fármacos con financiación pública) después de diez años es positiva y equipara a España con el resto de países de la UE en la que ya no se subvencionas la mayoría de fármacos ahora retirados.
Además, la ministra negó que la medida se hubiera tomado sin la participación de las comunidades autónomas, como algunas le reprochaban, y recordó que se realizaron «reuniones de trabajo» en la que cada consejería sugirió los medicamentos que consideraba obsoletos.
La polémica supresión afectaría a medicamentos comunes usados para combatir dolencias habituales.
El Consejo también sirvió para dar luz verde a otras medidas como el copago farmacéutico, que junto a la actualización del IPC de las medicinas de aportación reducida, supondrá un ahorro de 550 millones.
Todas estas medidas encontraron en Andalucía una de las más firmes opositoras. La consejera andaluza, María Jesús Montero, criticó el ‘medicamentazo’ y el escaso tiempo para evaluar los fármacos que el Gobierno pretende excluir, los cuales se conocieron 48 horas antes de la reunión. También el País Vasco, a través de su consejero, Rafael Bengoa, dejó claro que su Gobierno no aplicará el copago farmacéutico.
Castilla y León
El consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio Saez, aseguró ayer a Ical tras el consejo que la decisión del Ministerio de excluir de la financiación pública a más de 400 medicamentos indicados para dolencias menores «es necesaria» para garantizar «los tratamientos de enfermedades más complejas y la sostenibilidad de la sanidad pública».