La Generalitat no pagará a residencias de discapacitados y ancianos este mes
La falta de liquidez puede llevar a miles de entidades sociales al colapso económico.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, en el Parlament en una imagen de archivo.
Cientos de centros y residencias de discapacitados, ancianos y enfermos mentales de Cataluña están al borde del colapso económico. La situación de extrema gravedad en la que se encuentran las cuentas públicas de la Generalitat catalana le han llevado a tomar una decisión sin precedentes: en el mes de julio no podrá pagar los conciertos que tiene establecidos con esas entidades sociales de la comunidad.
Los perjuicios serán fatales, denuncian los afectados. «Tendrá consecuencias inevitables sobre la atención a muchos usuarios y familias y sobre la calidad de los servicios», expresaron ayer las cerca de 4.000 entidades sociales catalanas, agrupadas en la llamada mesa del tercer sector.
En el comunicado, las entidades denunciaban que «este impago se ha producido en un momento de extrema fragilidad de muchas organizaciones, porque se suma al retraso generalizado en los pagos de las subvenciones por parte de todos los departamentos de la Generalitat».
«La vulnerabilidad y los bajos ingresos de la mayor parte de las personas y las familias que atienden las entidades hacen aún más preocupante esta situación, porque generalmente no disponen de otros recursos ni alternativas para atender sus necesidades básicas», añadieron.
Las entidades comunicaron la semana pasada a la Fiscalía Provincial de Barcelona la posible «desatención» de los ancianos y discapacitados ingresados en residencias concertadas y de situaciones asistenciales «críticas», especialmente para los grandes dependientes debido a las previsibles carencias de equipos humanos y materiales que se producirían de confirmarse los impagos.
En principio, este problema de liquidez de la Generalitat se limitará solo al mes de julio. La Consejería de Bienestar Social y Familia, que ayer se reunió con representantes de las entidades, les garantizó el pago de los conciertos de agosto, pero no supo concretarles cuándo podrá hacer efectivo los de julio.
La consecuencia más directa de este problema de tesorería afectará a unos 100.000 trabajadores de estas entidades sociales, que se quedarán sin la nómina de julio, justo en un momento en que las organizaciones sociales tienen dificultades para percibir las subvenciones públicas y también para obtener financiación de los bancos por la crisis económica y finaciera que atraviesa España.
La Generalitat, que en año y medio de legislatura ha acometido tres oleadas de recortes sociales que han supuesto un ajuste de 3.000 a 5.000 millones, lleva meses advirtiendo que se encuentra en una situación muy delicada y que requerirá de ayuda para pagar las facturas de sus trabajadores.
En este sentido, Cataluña se encuentra entre las autonomías que han confirmado que se acogerá al Fondo de Liquidez Autonómica.