Los ‘sin papeles’ con una enfermedad crónica mantendrán la atención médica
El Gobierno aclara que enviará la factura de la cura al país de origen del inmigrante.
La presión contra la exclusión de los sin papeles de la cobertura sanitaria comienza a dar resultados. El Gobierno da un paso atrás y ahora asegura que los enfermos crónicos que requieran un tratamiento serán atendidos a pesar de encontrarse en situación irregular. La factura será enviada a sus países de origen, que deberán abonar el coste de las operaciones, según aseguró este viernes el director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero.
Desde la aprobación del decreto que regula la condición de asegurado y beneficiario del sistema sanitario la polémica no cesó, lo que obligó al Gobierno a mover ficha, romper su voto de silencio y dar explicaciones para tratar de rebajar la alarma generada sobre una confusa medida.
Y es que el punto más polémico es el referente a los inmigrantes irregulares que son enfermos crónicos. En principio, la normativa no contemplaba la atención de estos pacientes, cuyo tratamiento se vería interrumpido al retirarles la tarjeta sanitaria el próximo 1 de septiembre. Ante el revuelo generado y las denuncias desde diversas asociaciones médicas sobre el riesgo para la salud de estos afectados, el Ministerio que dirige Ana Mato aclaró que se mantendrán dentro del Sistema Nacional de Salud. Eso sí, el Ejecutivo insistió en que el coste correrá a cargo de los países de origen. «Existen bastantes convenios de colaboración bilateral con otros países», explicó Rivero. Estas declaraciones se suman a las del portavoz de Sanidad del PP, Manuel Cervera, que también garantizó que cualquier enfermedad grave o en proceso de tratamiento «continuará siendo tratada» aunque sea un inmigrante irregular.
Desde el Ministerio aseguran que es una circunstancia similar a la que ocurre con los españoles en terceros países. El coste del tratamiento de estas personas lo cubre la Seguridad Social española. Sin embargo, la iniciativa con los sin papeles es complicada de llevar a la práctica. La inestable situación política o económica de los países de origen de gran parte de los inmigrantes irregulares no hace prever acuerdos sencillos.
Satisfacción
Los opositores a la normativa consideran que la iniciativa va en la buena dirección. El secretario general de la Sociedad Españolas de Medicina de Familia y Comunitaria, Salvador Tranche, mostró su «satisfacción» por la nueva propuesta del Gobierno. «Nuestro objetivo es seguir manteniendo la relación asistencial que tenemos con los inmigrantes», aseguró. Tranche es uno de los más de 1.000 médicos objetores que han suscrito un documento en el que declaran su intención de seguir atendiendo a sus pacientes, aunque incumplan la normativa.