Solicitan al Supremo que anule la nueva Ley de Dependencia
Las familias de discapacitados creen que se vulnerará los derechos fundamentales.
Antonio Moreno muestra el recurso que presentó ayer ante el Tribunal Supremo.
La Asociación Derechos Civiles de Personas con Discapacidad y sus familias presentó ayer un recurso ante el Tribunal Supremo con el que reclama que anule el real decreto que reforma las medidas para la aplicación de la Ley de Dependencia al considerar que vulnerara derechos fundamentales recogidos en la Constitución.
Tras presentar el recurso en el registro del Tribunal Supremo, el portavoz de Adcd, Antonio Moreno, manifestó su «decepción» por el hecho de que «ni la oposición ni los diputados que nos intentan representar se hayan puesto de acuerdo para interponer el recurso», siendo ellos «los que tienen la legitimidad para hacerlo».
Tras lamentar que ni políticos ni otras asociaciones hayan decidido recurrir, explicó que desde su asociación «buscamos que se anule el decreto porque una cuestión son los derechos adquiridos que tienen las familias antes del real decreto y otra cuestión es las familias de nueva incorporación» a las que sí se les puede aplicar esa reforma.
Explicó que la «estrategia» de la asociación para paralizar la aplicación del decreto por el que se reformó la Ley de Dependencia consiste en dos vías.
La primera es el recurso interpuesto ayer ante el Tribunal Supremo y la segunda «el recurso que cada familia haga para que se paralice su expediente».
El recurso de esta asociación intenta frenar la aplicación de la reforma dado que entienden que recorta las ayudas a cuidadores, elimina su cotización a la Seguridad Social y restringe el acceso al sistema de los dependientes moderados. La reforma de la Ley de Dependencia define también los criterios para determinar la capacidad económica del beneficiario, que se calculará de manera conjunta con su renta y su patrimonio.
Según el portavoz, el recurso, del que la asociación no ha facilitado copia, plantea que la reforma de la Ley de Dependencia vulnera derechos y deberes consagrados en el título primero de la Constitución, concretamente en los artículos 14, 31, 33 y 39.
Antonio Moreno recordó durante su comparecencia ante los medios que todavía se ecuentran esperando a que la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, responda a su petición de amparo «para que interpusiera ese recurso, pero a fecha de hoy ha dado la callada por respuesta».
El pasado 13 de julio, el Consejo de Ministros aprobó la reforma de la Ley de Dependencia, que, entre otros aspectos, supone una reducción de un 15% de la paga a los cuidadores familiares de los dependientes, a los que se exigirá unos conocimiento mínimos para concederles la asignación con el fin de dar prioridad a los cuidados profesionales.
Con la reforma desaparecen además los dos niveles en que se divide cada grado de gravedad de la dependencia, si bien las personas que ya tuvieran reconocido el grado y el nivel seguirán manteniéndolo.