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Las perjudicadas por la vacuna del papiloma humano piden que se retire

La asociación de afectadas solicita también un fondo de compensación.

Carlos Álvarez-Dardet y Alicia Capilla, en rueda de prensa.

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Efe | Madrid

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La Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma (AAVP) pidió ayer al Ministerio de Sanidad la retirada del tratamiento contra el virus del papiloma humano (VPH) del calendario vacunal de las niñas y la creación de un fondo de compensación para las personas que sufren efectos secundarios.

Así lo reclamaron las afectadas en un manifiesto que han suscrito diversas asociaciones y entidades profesionales de la salud, además de 32 personalidades del mundo de la medicina y la política.

Entre ellas se encuentran, según indicaron en un rueda de prensa, el diputado Gaspar Llamazares y el catedrático de medicina preventiva y salud pública de la Universidad de Alicante Carlos Álvarez-Dardet. Hasta el momento, según señaló la vicepresidenta de AAVP, Alicia Capilla, hay más de 700 firmas de profesionales sanitarios, afectadas, familiares, asociaciones feministas y todas aquellas personas que han decidido adherirse, a pesar de que no se se hizo público hasta ayer.

El catedrático recordó el caso de una niña asturiana que falleció recientemente tras ser vacunada a consecuencia de una crisis severa de asma, y Capilla señaló que esta muerte es lo que les ha hecho movilizarse para escribir este manifiesto pidiendo su retirada.

En España, según Capilla, y hasta el mes de enero de 2012 se tiene constancia de 737 notificaciones de reacciones diversas por la vacuna. Con estas cifras, según la asociación, es necesaria la retirada de la vacuna por parte de las autoridades, que dice «no están haciendo nada, ni actuando con corrección».

En el documento, se pide la retirada de la vacuna por «los riesgos innecesarios que acarrea a una población joven y sana, cuando se dispone de medidas preventivas, eficaces y seguras, como la citología, el preservativo y la educación sexual, ya que la infección se adquiere por contacto sexual».

Otro motivo que se alega son los «injustificados costes que representa para el Sistema Nacional de Salud».

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