El capitán del ‘Prestige’ culpa a las autoridades españolas del naufragio
Vista oral para delimitar las responsabilidades de la ‘marea negra’.
El juicio por la mayor catástrofe ecológica en la historia de España arrancó ayer diez años después de producirse el desastre con una acusación directa sobre los entonces responsables políticos que dirigieron la operación de salvamento. Entre ellos el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; el ministro de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete; y el ex titular de Fomento Francisco Álvarez-Cascos.
Según expuso el abogado del principal encausado, el capitán Apostolos Manguras, después de lanzarse la primera señal de socorro el 13 de noviembre de 2002 el Prestige quedó bajo el control directo de las autoridades españolas, que ordenaron alejarlo de la costa gallega e sus tanques. Como vicepresidente, ministro de Presidencia y portavoz del Gobierno, Rajoy dirigió durante la crisis las labores de coordinación entre los distintos departamentos del Ejecutivo, mientras que Álvarez-Cascos asumió en última instancia el control del buque hasta su hundimiento.
Junto al capitán del Prestige y el ex director general de la Marina Mercante se sentó en el banquillo el jefe de máquinas del buque, Nikolaos Argyropoulos, y el primer oficial del Prestige , Ireneo Maloto, de nacionalidad filipina, permanece en paradero desconocido y será juzgado en rebeldía.
La Fiscalía aprovechó la primera jornada del juicio para ampliar la petición de indemnización. El Ministerio Público solicita por los daños causados por la marea negra 4.121,64 millones, frente a los 2.233,76 reclamados en un principio. Los expertos consideran que la primera es la cantidad que se ajusta a los perjuicios causados por el chapapote al medio ambiente y la industria pesquera, así como a los problemas de salud generados a los marineros y voluntarios que colaboraron para limpiar los efectos de la marea negra. El juicio se retomará el 13 de noviembre.