El Gobierno asume que la reforma educativa no se aplicará este curso
El lento proceso prelegislativo impedirá su aplicación hasta el año 2014 o 2015.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, en una imagen de archivo.
La reforma educativa no llegará a tiempo para el próximo curso. El proceso de redacción del texto ha sido más largo y complejo de lo esperado por el Gobierno —de hecho, todavía no ha terminado—. Ha sido necesario la elaboración de dos borradores de anteproyecto para sortear las dudas de las comunidades autónomas (incluidas las del PP). Así las cosas, en el Ministerio de Educación ya asumen que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) se empezará a aplicar en el curso 2014-15 o incluso en el 2015-16. Además, la normativa se implantará gradualmente y no estará totalmente adaptada hasta cuatro años después de su entrada en vigor.
El pasado diciembre el Consejo Interterritorial dio el visto bueno al segundo borrador del anteproyecto de ley. A falta de la aprobación de la memoria económica, el próximo paso se vivirá hoy con la aprobación del texto en el Consejo Escolar del Estado. Después, el anteproyecto se enviará al Consejo de Estado y posteriormente será aprobado como proposición de ley por el Consejo de Ministros.
En cualquier caso, el objetivo del Gobierno es que la reforma educativa logre reducir la tasa de abandono escolar temprano, situada en un 26%. Según las estimaciones del Ministerio, una vez aplicada en su totalidad la reforma, el abandono escolar se situaría en un 15%. Esta reducción se produciría por el incremento de alumnos en la Formación Profesional Básica, que se incrementaría hasta el 12,5%, mientras que la FP de grado medio alcanzaría el 22,5% y el bachillerato el 50%.
Financiación
El Gobierno confía que la modificación de la FP servirá de atractivo para mantener en el sistema a los alumnos que actualmente no terminan la educación obligatoria. Evidentemente, cuantos más jóvenes sigan estudiando, más costoso es el sistema. Y es ahí donde se plantea otra batalla entre las comunidades autónomas y el Gobierno. El Ejecutivo asegura que asumirá el cien por cien de los costes directos de la implantación de la Lomce. Esto supone un gasto de 23 millones en el primer año de aplicación, 130 millones en el segundo y 255 millones en el tercero. Sin embargo, los costes indirectos, es decir, aquellos derivados por el refuerzo de la FP —6.000 euros de media por alumno y curso— o de los dos itinerarios en 4ºESO serán financiados por las comunidades autónomas.