Diferencias en la implantación en función de la autonomía

Pero no todo son problemas económicos. El Tribunal de Cuentas también denuncia la dispar implantación de la ley de Dependencia en cada comunidad autónoma. En sus conclusiones incide en las «importantes diferencias en el procedimiento establecido para el reconocimiento del derecho en función del territorio de residencia del solicitante». Es decir, los plazos de resolución, la participación de los beneficiarios en el coste de las prestaciones, etc. En su opinión, estas diferencias podrían vulnerar los principios de universalidad en el acceso a estos derechos en condiciones de igualdad y no discriminación. Esto significa que los usuarios, en función de su residencia, tienen unos derechos u otros.

De hecho, el informe recuerda que catorce comunidades «incumplen el plazo máximo de seis meses» para reconocer el derecho a la prestación establecido en la ley. El Tribunal pide a las administraciones adoptar las «medidas necesarias» para cumplir con los tiempos establecidos en la normativa para la resolución de las prestaciones.

También alerta sobre el riesgo de que la ley se convierta «en un sistema de subsidios en lugar de una red asistencias de servicios».