Wert y Mato, los peor valorados, reciben en las calles el rechazo a sus políticas

Marea blanca. Marea verde. Marea naranja. Mareas de todos los colores y con un nexo en común: las protestas ante las políticas sociales del Gobierno. El pasado jueves fue el penúltimo episodio del descontento de gran parte de la sociedad ante el camino tomado por el Ejecutivo en las dos líneas, precisamente, más sociales: la sanidad y la educación

Miles de personas salieron a la calle en toda España para mostrar su descontento por la Lomce, la séptima ley educativa de la democracia. Antes, fueron los trabajadores sociales quienes se cansaron de los recortes en la dependencia; y el personal sanitario, temeroso de que los aires privatizadores de Madrid se extiendan al resto del país. Pero estas políticas están provocando malestar no solo en diferentes colectivos, sino también en las propias filas populares. El ejemplo más claro es el aborto. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció hace más de un año su intención de modificar la ley auspiciada por el Ejecutivo de Zapatero en el 2010. El objetivo era volver a la legislación aprobada en los años ochenta, la de los tres supuestos: riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer, violación o malformaciones del feto. Sin embargo, el titular de Justicia quiere anular este último apartado. Una postura que no convence a todos en el PP.

Con este escenario no es de extrañar que Wert (1,76) y Mato (1,99) sean los ministros peor valorados, según el CIS. La reforma educativa era una de las leyes estrella del Gobierno de Rajoy. Con el objetivo de reducir el altísimo fracaso escolar del 24,9% y los malos datos de los alumnos españoles reflejados en los diversos informes PISA, Wert se puso manos a la obra. Un año y medio después, el Ejecutivo aún no ha aprobado en Consejo de Ministros la Lomce y está enfrascado en múltiples frentes.

Los recortes en sanidad y la inclusión del copago farmacéutico provocaron fricciones no solo entre los pacientes, sino también entre las propias comunidades del PP, ya que son ellas las más cercanas al usuario y las que tienen que explicar las medidas. Algo similar ha pasado con las reformas en la dependencia, donde algunas comunidades autónomas con los mejores sistemas —como Castilla y León o La Rioja— han puesto el grito en el cielo ante los recortes. Son unos 7.000 millones menos de presupuesto, más los previstos para este año, que superan los 2.000 millones.