La inversión de las comunidades en servicios sociales cae en 478 millones
La cantidad, que supone casi un 4% del PIB, se redujo entre los años 2009 y 2012.
«Estamos en una situación de emergencia nacional». Así de contundente se mostró ayer el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, al explicar los recortes producidos en este área recogidos en el informe sobre Desarrollo de los Servicios Sociales. En su conjunto la inversión de todas las comunidades autónomas se ha reducido en 478 millones de euros entre 2009 y 2012.
Es decir, un 3,64% del PIB. El gasto por habitante se ha disminuido un 1,75% en todo el país, pasando de 280,03 euros en 2009 a 275,13 en 2012.
En cualquier caso, los responsables del estudio aseguraron que la disparidad entre las comunidades autónomas es enorme. Por eso reclamaron una ley estatal que fije unos servicios mínimos homogéneos.
Tres comunidades autónomas, Navarra, País Vasco y La Rioja, lideran con diferencia el desarrollo de los servicios sociales en España, según el estudio. El ranking evalúa el desarrollo de los derechos (por ejemplo, la aplicación de ley de dependencia), la relevancia económica -que no significa gastar más sino con eficacia- y la cobertura de los servicios (plazas residenciales, ayuda a domicilio, discapacidad...).
Con este baremo el nivel medio-alto solo lo alcanzan Navarra (7,15 puntos), País Vasco (7,35) y La Rioja (6,85). En un nivel medio-bajo se encontrarían Castilla y León (6,65), Cantabria (6,60), Asturias (6,35), Cataluña (6,35), Castilla-La Mancha (6,25) y Aragón (5,85). En un nivel débil se encuentra Extremadura (4,60) y en lo que denominan irrelevante estarían Andalucía (4,40), Galicia (3,65), Madrid (2,75), Murcia (2,80), Canarias (2) y Valencia (0,60)
«Si se sigue recortando se pone en peligro la cohesión social», advirtió Ramírez al recordar que siete millones de personas son usuarios de estas prestaciones. Por su parte, coordinador del estudio, Gustavo García, resaltó la relación existente entre el nivel de asistencia social y el índice de pobreza. Ambos insistieron en la necesidad de que la competencia de estos servicios siga a cargo de los ayuntamientos y no pase a las comunidades autónomas, como recoge el borrador de la reforma de Régimen Local. Para Ramírez, cada caso exige una solución específica y los ayuntamientos son los mejor capacitados para llevar a cabo estos servicios.