El Gobierno elabora una ley para vigilar a los detectives privados
La futura ley de seguridad privada, de la que el Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto, establecerá un férreo control sobre la actividad de los detectives y bien parece una vacuna para evitar nuevos escándalos como el del espionaje a políticos en Cataluña desarrollado por la agencia ‘Método 3’.
El documento que el Ejecutivo remitirá al Congreso, que reforma la ley de 1992, obligará a los investigadores privados a informar a las fuerzas de seguridad de todos sus encargos y, si así se lo demandan, de las propias investigaciones y de sus clientes. Tendrán también que firmar de manera obligada un contrato por cada encargo y comunicarlo al Registro Nacional de Seguridad, Policía y Guardia podrán acceder a sus informes, deberán entregar anualmente una memoria de actividades, y tendrán que comunicar de inmediato a las fuerzas de seguridad cualquier dato relevante para la seguridad ciudadana.
Entre sus obligaciones también estará destruir las grabaciones no relevantes y la ignorancia de esta regulación conllevará sanciones, incluida la inhabilitación. Una de las pocas cosas aplaudidas por la profesión, en la que trabajan en España 1.500 personas, es que el Gobierno ha rectificado su idea inicial y mantendrá la investigación privada como tarea exclusiva de los detectives.
La ley también amplía el campo de actuación de las empresas de seguridad privada a las auditorías en este ámbito, establece medidas y sanciones para evitar los casos de intrusismo, reviste a los profesionales de la categoría de agentes de la autoridad ante las agresiones, y establece la responsabilidad de las compañías ante los fallos en la seguridad y custodia. El control legal de la videovigilancia privada quedará para otra norma orgánica porque afecta a derechos fundamentales.