Excluyen a lesbianas y a mujeres solas de la reproducción asistida pública
Las críticas arreciaron con rapidez contra el Ministerio de Sanidad tras conocerse su propuesta de excluir a lesbianas y mujeres solas de los tratamientos públicos de reproducción asistida. La medida fue calificada de «homófoba», «machista», «ideológica» o «inconstitucional» por los colectivos afectados mientras el PSOE pidió la comparecencia en el Congreso de la ministra Ana Mato. El departamento de Sanidad aseguró que el objetivo es primar a las personas con problemas diagnosticados de esterilidad.
La medida está recogida en el texto enviado por el Ejecutivo a las autonomías para ser debatido y aprobado por el Consejo Territorial de Sanidad que se celebrará el próximo martes. La normativa actual contempla estos tratamientos en la cartera pública siempre que exista un «diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida». Debido a esta ambigüedad, algunas comunidades incluyen en la reproducción asistida pública a lesbianas o mujeres solteras (sin pareja).
En la nueva propuesta, el Ministerio define la esterilidad como «la ausencia de consecución de embarazo tras 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos». De esta forma quedan fuera las parejas homosexuales o las mujeres solteras.
Además, el texto establece requisitos nuevos para las parejas que quieran usar estas técnicas: la mujer no puede ser mayor de 40 años -38 en el caso de la inseminación- y el hombre de 50; no pueden tener ningún hijo sano en común. Asimismo, perderán el derecho si alguno de los dos se ha sometido a un tratamiento voluntario de esterilidad.
Desde el Ministerio rechazaron cualquier motivación «ideológica» y alegaron que las comunidades autónomas podrán seguir atendiendo con este tratamiento a las mujeres solas o lesbianas siempre que tengan presupuesto suficiente para afrontar el coste.
Por su parte, la Sociedad Española de Fertilidad, que agrupa a la mayoría de clínicas privadas de reproducción asistida del país, considera que de aprobarse la medida no tendría demasiado impacto en sus servicios
Y es que los colectivos afectados por la nueva medida ya acuden mayoritariamente a la red privada para evitar dilatar el proceso.