El Gobierno central recurrirá la sentencia del hundimiento del ‘Prestige’
El Ejecutivo pretende recuperar parte del dinero invertido en recobrar la costa.
El presidente gallego junto a la alcaldesa de Madrid, en un acto celebrado ayer en Madrid.
El dilatado proceso judicial en torno al naufragio del Prestige , la peor tragedia medioambiental de la historia de España, parece lejos de llegar a su fin. Apenas cinco días después de que la Audiencia Provincial de La Coruña decidiese absolver a los tres acusados en la causa por un delito contra el Medio Ambiente, el Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido presentar un recurso contra la sentencia para intentar recuperar parte de los multimillonarios gastos ocasionados por el hundimiento del viejo petrolero.
El anuncio lo hizo el propio presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, durante un foro organizado por el diario ABC en Madrid. El jefe del Ejecutivo gallego anunció que el propio ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, le confirmó que la Abogacía del Estado ya trabaja en un recurso de casación contra la condena a nueve meses de prisión al capitán del barco, Apóstolos Mangouras, por un delito de desobediencia a las autoridades al haberse negado a alejar el petrolero de la costa. La Abogacía del Estado considera que dicha condena debería incluir una responsabilidad civil que necesariamente tendría que ir acompañada de una indemnización por los daños ocasionados. «Ahora hay que centrarse en lo importante, que es quién paga los daños», afirmó el presidente gallego.
Al igual que los días precedentes, Núñez Feijóo insistió en que el Prestige era una «chatarra flotante» que «nunca debió ser autorizada su andadura por los mares de la tierra», algo que «la aseguradora sabía muy bien cómo estaba ese barco».
Poco después del anuncio de Núñez Feijóo, el titular de Justicia explicó que «el propósito del Gobierno no es revisar las decisiones que con carácter penal ha adoptado la Audiencia (Provincial de La Coruña), pero sí insistir en la necesidad de que existan responsabilidades civiles y que sean satisfechas por los culpables del siniestro».
De este modo, el Estado español se convierte en la primera institución en dar el paso para intentar recuperar parte del gasto generado tras el hundimiento del petrolero, cifra que la Fiscalía estimó en 4.328 millones de euros. Sin embargo, la sentencia conocida el pasado miércoles determinó que, ya que ninguno de los tres acusados debía responder penalmente por el hundimiento del barco, tampoco debían hacer frente al pago de dicha indemnización. La única sanción económica fijada por el tribunal fue la que recayó sobre la armadora del barco, condenada a pagar los 22 millones de euros en concepto de indemnización que fija el Convenio de Responsabilidad Civil por derrame de hidrocarburos de 1992.