El presidente de la patronal andaluza renuncia al cargo acuciado por las deudas y una supuesta estafa

Los problemas del sector laboral andaluz se extienden incluso a la patronal. El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, ha anunciado este jueves que no se presentará a la reelección el próximo marzo. Aunque se escuda en problemas personales y la necesidad de una regeneración de la organización, lo cierto es que su marcha se produce en el peor momento para la entidad, con un déficit superior a los 12 millones de euros, la plantilla reducida al mínimo y una investigación sobre una presunta estafa en la construcción de unas VPO.

Herrero, de 66 años, lleva al frente de la patronal desde el 2002 y ha dedicado toda su vida a las organizaciones empresariales. Sin embargo, estima que esta trayectoria ha alcanzado ya su techo, y que es el momento de dejar paso a las generaciones más jóvenes, según explicó a su comité ejecutivo y a la dirección de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Y ha propuesto al hasta ahora presidente de los empresarios malagueños, Javier González de Lara, como su sustituto.

Algunos miembros de su equipo circunscriben la decisión a un tema exclusivamente personal, debido a su edad, aunque otras fuentes señalan que se produce debido a presiones de la directiva de la CEOE, ya que la organización andaluza está siendo investigada por las supuestas irregularidades cometidas en una promoción de viviendas públicas en Sevilla construidas a través de una Fundación vinculada a la CEA y que no han sido entregadas aún a los compradores. En los juzgados hay dos denuncias: una de las empresas constructoras subcontratadas, que aún no han cobrado medio millón de euros, y otra por parte de la Fiscalía tras alertar el banco malo, la Sociedad de Getión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), de un desfase de entre 12 y 14 millones de euros en la ejecución de la promoción.

Ruina económica

A esto se suma la ruina económica de la patronal, con un déficit millonario debido a la reducción casi al mínimo de las ayudas provenientes de la Junta de Andalucía a través de cursos de formación. La propia administración autonómica le ha pedido además que devuelva más de un millón de euros correspondientes a programas de cooperación no ejecutados, y estudia reclamarle también 1,7 millones por la subvención concedida a la fundación responsable de las VPO si finalmente no se entregan las viviendas.

Las peticiones de reintegro de la Junta coinciden con el caso de las facturas falsas de la UGT, que también deberá devolver varias ayudas de formación al usarlas para gastos internos. Se trata de un momento delicado para ambas organizaciones, dado que su actuación ha puesto en cuestión todos los planes de concertación aprobados con el Gobierno andaluz y que han permitido tres lustros de paz social en Andalucía. Justo ahora tocaba revisar dichos acuerdos, y tanto el Ejecutivo como el PSOE han dejado entrever la necesidad de "repensar" el modelo de diálogo social con los agentes sociales y económicos de la región.