Una conservadora y una progresista darán la oposición del Poder Judicial
El Consejo General del Poder Judicial quiere demostrar que analiza el anterproyecto de reforma de la ley del aborto con una mirada ideológicamente plural. La Comisión Permante, el órgano de gestión diaria del gobierno de los jueces, ha encargado a la abogada progresista Pilar Sepúlveda y a la magistrada conservadora Carmen Llombart que elaboren la ponencia del informe sobre el texto legal promovido por Alberto Ruiz-Gallardón. El pleno del Consejo quiere aprobar el dictamen en su reunión de finales de febrero para su posterior remisión al Ejecutivo.
El encargo es que ambas vocales, una propuesta por el PSOE y otra por el PP, con la ayuda de los letrados de la institución, traten de consensuar un borrador de informe para su posterior debate general. En caso de que las divergencias de criterio lo hagan imposible, la idea es que cada jurista presente su propio análisis y conclusiones ante el pleno de mayoría conservadora, que votaría el que más le convenciese.
Antes de que el dictamen o dictámenes lleguen al pleno se repartirán a los 20 vocales y al presidente para que pueden estudiarlo de cara al debate y a presentar modificaciones si lo estiman necesario.
El anteproyecto de Ruiz-Gallardón recibirá informes sobre su cumplimiento de la legalidad del Poder Judicial, la Fiscalía y el Consejo de Estado. La petición de estos análisis es obligada por ley, pero su contenido y conclusiones no son vinculantes para el Gobierno. No obstante, dada la relevancia de las instituciones, es difícil que el Gobierno ignore sus principales objeciones