El Gobierno potencia a policías y jueces contra la violencia de género
Los agentes aumentarán la vigilancia preventiva de los casos denunciados.
Alberto Ruiz-Gallardón, Ana Mato y Jorge Fernández Díaz, antes de la reunión.
El Gobierno potenciará el papel de las fuerzas de seguridad y de los jueces en la lucha contra la violencia de género. Los ministros de Justicia, Interior y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad acordaron ayer un paquete de medidas, recogidas en el plan integral contra esta lacra social, para lo que modificarán cuatro anteproyectos de ley.
Destaca que las fuerzas de seguridad aumentarán la vigilancia sobre los casos denunciados. Los agentes, que recibirán cursos de formación, contarán con un nuevo protocolo de valoración del riesgo, con planes personalizados para cada víctima. Para ello habrá un nuevo cuestionario en el que se recabarán datos como la situación laboral de la víctima y su agresor, factores de vulnerabilidad como la discapacidad, ser menor de edad o tener menores a su cargo, así como factores de peligrosidad del maltratador. Con el resultado de la encuesta, los agentes catalogarán el riesgo de la víctima en extremo, alto, medio o bajo. La Policía y la Guardia Civil revisarán cada tres meses los casos de ‘riesgo no apreciado’.
Durante la reunión, los ministros aprobaron que los juzgados de violencia sobre la mujer ampliarán sus competencias a delitos que ahora corresponden a los juzgados de instrucción y penales, de modo que, además de instruir homicidios, lesiones o agresiones contra la libertad sexual y la integridad moral, conocerán los delitos contra la intimidad y el derecho a la propia imagen y contra el honor de la mujer, siempre que la víctima sea la pareja o ex pareja del presunto agresor. Ademas, el nuevo delito de ciberacoso, si se usa como violencia contra la mujer, y otros como injurias o revelación de secretos pasarán a formar parte del ámbito de actuación de los juzgados de violencia de género.
Asimismo, estos juzgados podrán instruir procesos para exigir la responsabilidad penal por quebrantamientos de medidas cautelares -órdenes de alejamiento- o de condena cuando la víctima sea la pareja o ex pareja del detenido o del condenado. Además, se establece la obligación del juez de pronunciarse de oficio sobre la adopción de medidas civiles cuando existan hijos menores, o hijos dependientes de las víctimas.
Desde el PSOE, su vicesecretaria general, Elena Valenciano, mostró la disposición del partido a colaborar con el Gobierno, del que dijo que «empezó a moverse en la buena dirección. «La gravísima situación que atravesamos, con 25 asesinadas en 3 meses, lo requiere y con urgencia», apuntó Valenciano, que expresó su deseo de que el Ejecutivo vuelva a dotar de fondos a la lucha contra la violencia de género.