El Poder Judicial se parte en dos ante la reforma del aborto del Gobierno

El anteproyecto de ley del aborto elaborado por el Ministerio de Justicia rompió en dos el Consejo General del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces se dividió, como siempre, entre conservadores y progresistas a pesar de las buenas palabras de su presidente, Carlos Lesmes, que al inicio de su mandato se comprometió a terminar con esas fracturas que han deteriorado la imagen de la institución y han alimentado las acusaciones de su politización. La fractura, además, también afectó al bloque de vocales nombrados a instancias del PP.

Después de tres meses de estudio y otros tantos aplazamientos para adoptar una decisión, ayer se pusieron sobre la mesa dos informes acerca de la intención del Ejecutivo de retornar a una ley de supuestos para la interrupción del embarazó en detrimento de la vigente ley de plazos. La primera de las ponencias, redactada por la vocal progresista Pilar Sepúlveda, planteaba la retirada de la reforma. La segunda, de la conservadora Carmen Llombart, abogaba por retoques parciales entre los que destaca el despenalizar el aborto en caso de malformación del feto, algo que no contempla el borrador remitido por Justicia.

Unos y otros

Otros tres miembros del consejo, el juez Fernando Grande-Marlaska, propuesto por el PP, y los nombrados a petición de PNV y CiU, Enrique Lucas y Mercé Pigem, abogaban por aguardar a la resolución del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado por los populares contra la actual ley de plazos. La conservadora Nuria Díaz protagonizaba una cuarta vía y defendía mantener como está el proyecto gubernamental. La propuesta de Llombart logró el voto de diez vocales, la oposición de ocho y la abstención de tres, las de Grande-Marlaska, Lucas y Pigem. A última hora Díaz optó por sumarse a la propuesta de Llombart pese a sus críticas anteriores, ante el riesgo de que alguna de las abstenciones se hubiera sumado al bloque progresista y este hubiera logrado imponer su criterio.