Los fondos contra la pobreza infantil enfrentan a Andalucía y a Sanidad

El fondo extraordinario para luchar contra la pobreza infantil es el escenario para un nuevo enfrentamiento entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central. El reparto de esta partida extraordinaria de 16 millones no ha contentado al Ejecutivo de Susana Díaz, que exige una mayor porción del ‘pastel’ para combatir esta lacra que, según Unicef, afecta a más de dos millones de menores españoles. La Junta andaluza considera «insuficientes» los 1,2 millones que va a recibir y exige que sean 4,3 millones debido a su mayor población. Unas críticas que han sorprendido en el Ministerio de Sanidad porque estas críticas se saltan el acuerdo alcanzado hace algo más de dos meses.

Cuando el Ministerio de Hacienda dio luz verde a esta partida extraordinaria para luchar contra la pobreza infantil, el departamento de Ana Mato y las regiones analizaron cómo podían repartir este dinero, «escaso» según organizaciones como Unicef o Save The Children. Las comunidades explicaron sus peculiaridades al Ministerio para intentar rascar algo más de dinero. Así, por ejemplo, Canarias y Baleares apelaron a la insularidad para recibir más; Andalucía recordó que es la comunidad más poblada de España y Castilla y León incidió en la inmensidad del territorio y en la dispersión. Ante la «necesidad y la urgencia», según fuentes ministeriales, de que esta ayuda se repartiera entre las familias más necesitadas durante este año, se acordó el 22 de abril aplicar el indicador Arope y dejar aparcadas cualquier reclamación regional para discusiones posteriores.

Este baremo, usado por el Instituto Nacional de Estadística o la Unión Europea, se nutre de los indicadores de tres categorías: personas en riesgo de pobreza, carencia material severa y baja intensidad del trabajo.

Con esta medición, las comunidades con más población -Andalucía, Madrid, Cataluña o la Comunidad Valenciana- son las más perjudicadas.

Por el contrario, Ceuta y Melilla son los lugares que más dinero recibirán, con 1,3 millones y 1,2 millones, respectivamente. Tienen un porcentaje de población empobrecida, según el indicador Arope, del 41,8% y el 41%.

Entre las comunidades autónomas, Canarias es la más favorecida con 1,23 millones (39,7%), seguida de Andalucía (1,2 millones y 38,7%), Extremadura (1,19 millones y 38,4%), Castilla-La Mancha (1,16 millones y 37,3%) y Murcia (1,15 millones y 36,9%). Las que menos reciben son Cantabria (633.385 euros y 20,3%) y la Comunidad de Madrid (636.505 euros y 20,4%).

«Es una situación absolutamente desequilibrada porque no podemos tener un presupuesto igual para más de 636.000 menores que en Ceuta, que tienen 20.000 menores», indicó María José Sánchez. La consejera andaluza de Igualdad, Salud y Políticas Sociales comentó que un joven de su comunidad en riesgo de exclusión va a recibir 1,90 euros, frente a los 153,02 euros de la ciudad norteafricana o los 55,30 euros de La Rioja.

Este plan, aprobado ayer en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y de la Dependencia, obliga a que las familias inviertan esta ayuda en sus necesidades más básicas. Además, las comunidades deberán presentar una memoria de evaluación o financiera y técnica de cada proyecto «en los tres meses siguientes a la financiación del ejercicio presupuestario».