Cuatro comunidades piden que se retire la reforma de la ley del aborto

Las comunidades autónomas de Asturias, Andalucía, Canarias y País Vasco exigieron ayer la «retirada inmediata» del anteproyecto de Ley de Protección del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada, al tiempo que denunciaron que el Ministerio de Sanidad no abordó este asunto en la Conferencia Sectorial de Igualdad que se celebró ayer.

Recordaron que cinco autonomías (Asturias, Andalucía, Canarias, País Vasco y Cataluña) ya solicitaron en la conferencia técnica preparatoria de esta reunión que se incluyera el aborto en el orden del día. En este sentido, la directora del Instituto andaluz de la mujer, Silvia Oñate, dijo que han obtenido «el silencio y la callada por respuesta».

«Es incomprensible que el Ministerio se haya negado a debatir la ley del aborto que afecta a los derechos de la mujer y a la igualdad», subrayó el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spinola.

En este misma línea se manifestó el consejero de Presidencia del Gobierno de Asturias, Guillermo Martínez Suárez, que aseguró que estas regiones van a introducir el debate del aborto, a pesar de que «el Ministerio consideró que no era un asunto importante en materia de igualdad».

«Creo que la sociedad española en este caso no puede ni va a entender que el máximo órgano de coordinación entre Gobierno de España y comunidades autónomas en materia de igualdad no aborde un debate sobre la reforma de la ley del aborto», afirmó, añadiendo que este hecho «dice muy bien qué modelo de sociedad intolerante y de recortes de derechos quiere este Gobierno del PP».

Asimismo, el consejero canario lamentó el «ninguneo» del Gobierno al no abordarse este debate en la Conferencia Sectorial de ayer. Recordó la «posición contraria» del Gobierno de Canarias a este anteproyecto de ley porque, en su opinión, «es un ley retrógrada, que desprecia a las mujeres» y que supone «un atentado a la libertad y dignidad de las mujeres».

«El anteproyecto de ley supone un agravio considerable a la mujer» remachó, para después añadir que esta norma «va a suponer» que las mujeres con «recursos podrán abortar» pero aquellas que no cuenten con recursos económicos «tendrán que hacerlo de forma clandestina».

Desde Andalucía, Oñate se mostró contraria a la ley porque «vulnera y atenta contra los derechos y libertades de las mujeres» y porque, en su opinión, «no regula ni apuesta por la salud sexual y reproductiva de las mujeres y de la ciudadanía en general». Para Oñate, «la ley vigente es una ley absolutamente garantista, que da derechos y libertades y regula perfectamente la atención a las mujeres que desean, por el motivo que sea, interrumpir voluntariamente su embarazo».

Por su parte, la directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, Izaskun Landaida tachó la noma de «retroceso intolerable». En su opinión, las leyes lo que deben hacer es ofrecer «garantías jurídicas y sanitarias» y tras esto, deben ser las «personas y las mujeres quienes en función de sus circunstancias» tomen «una u otra decisión».