La jueza de la Pokemon abre un trasiego judicial de 9 días con 47 testimonios

La jueza que investiga la Operación Pokemon, Pilar de Lara, prosigue con esta instrucción judicial motivada por la supuesta trama de corrupción tejida para lograr contratos en las administraciones públicas gallegas, y desde hoy y hasta el próximo día 31 de este mes pasarán por su despacho un total de 47 testigos.

Alberto Quintana, gerente de la empresa Sermasa, que es una filial del Grupo Vendex, epicentro de esta causa, fue citado para comparecer hoy, aunque en su caso como imputado, y optó por acogerse a su derecho a no declarar, por lo que no fue interrogado de nuevo por la jueza.

A la salida de la sede judicial, su abogado, Manuel Martín, precisó que Quintana se acogió a ese derecho porque ya había prestado declaración anteriormente ante la instructora de la Operación Pokemon, en relación con supuestos "enchufes" en los servicios municipales que gestionaba Sermasa.

El letrado, en todo caso, aprovechó para negar que su cliente haya cometido irregularidad alguna en su trabajo.

Alberto Quintana, que en una comparecencia previa ante la jueza instructora llegó a reconocer que él era "la correa de transmisión" entre Vendex y el Ayuntamiento de Santiago, fue citado para prestar declaración como imputado por tráfico de influencias, aprovechamiento de información privilegiada, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales.

En su declaración previa ante la instructora, fue interrogado por la jueza en relación con el concurso para adjudicar la gestión de la guardería de Salgueiriños, en la capital gallega.

Otras cuatro personas fueron citadas para prestar hoy declaración como testigos con arreglo a la providencia que firmó la jueza el pasado 14 de julio, entre ellas Luis Antonio Patiño Pan, que según se desprende de la investigación podría haber actuado de intermediario entre el Grupo Vendex y el gobierno local de Arteixo (A Coruña), presidido por el alcalde Carlos Cavelo (PP).

En su comparecencia ante la jueza instructora, según informaron a EFE fuentes jurídicas, se reprodujeron varias conversaciones grabadas entre él y José María Tutor, pinchazos que llevaron a los investigadores a sospechar que pudo haber realizado gestiones para facilitar determinadas adjudicaciones al grupo Vendex, motivo por el cual habría entrado a trabajar para una de sus empresas en noviembre de 2011.

También prestó declaración hoy, según las mismas fuentes consultadas, un trabajador de la Torre de Hércules, quien habría reconocido ante la jueza que el propio Tutor le dijo que había que echar a la mitad de la plantilla para meter a otro personal, aunque luego esos trabajadores fueron recolocados en otros servicios gestionados por empresas del grupo Vendex.

En los próximos días, más de cuarenta personas desfilarán por el despacho de la jueza, dado que a los testigos se suman otras citaciones judiciales dentro de la causa de la Operación Pokemon.

La instructora ha citado para declarar la próxima semana, también en calidad de testigo, a José Manuel Vilaboy Lois, el hombre que el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, sostiene que confundieron con él los agentes de Vigilancia Aduanera en la grabación de unas conversaciones con el responsable del grupo Vendex en Galicia, José María Tutor.

La jueza De Lara imputó al alcalde de Ferrol en base a un informe elaborado por los investigadores de Vigilancia Aduanera, que identificaron a Rey Varela como 'Josman', la persona con la que se reunió el delegado de Vendex en Galicia para recibir una supuesta entrega de dinero destinada a financiar la campaña electoral.

Sin embargo, el regidor local negó haberse reunido nunca con Tutor y precisó que 'Josman' es el nombre por el que es conocido el propio Vilaboy Lois en Ferrol.

Además, también prestará declaración la próxima semana una de las colaboradoras de Francisco Fernández Liñares durante su etapa al frente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, dado que el nombre de esta persona aparece en varias conversaciones intervenidas al propio exedil de Economía y Urbanismo de Lugo.

La actividad judicial relacionada con la Operación Pokemon no terminará con el mes de julio, dado que fuentes jurídicas consultadas por EFE informaron de que la instructora ha fijado al menos una declaración para mediados de agosto.