El Supremo rechaza el retraso en la aplicación de la reforma educativa
. La Junta de Andalucía y la Generalitat de Cataluña habían pedido su suspensión cautelar .
El Tribunal Supremo ha desestimado en tres autos las peticiones de la Junta de Andalucía y de la Generalitat de Cataluña para la suspensión cautelar de los reales decretos que desarrollan las nuevas enseñanzas de Primaria y Formación Profesional Básica, derivados de la Lomce. Andalucía, que había presentado recursos contencioso-administrativos contra ambos decretos, y Cataluña, que lo había hecho contra el que regula la FP Básica, solicitaban la paralización de la aplicación de la reforma, que comenzará a partir del próximo curso escolar.
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, afirmó que respeta pero no comparte la decisión del Supremo y aseguró que hará lo posible por minimizar el impacto de la ley en su comunidad. El Gobierno autonómico andaluz esgrime el escaso margen de tiempo entre la aprobación de la reforma de Educación Primaria y su aplicación, prevista para septiembre, lo que «haría manifiestamente inviable una planificación del curso escolar con el más elemental estándar de calidad». No obstante, el abogado del Estado expone que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), publicada el pasado 13 de diciembre de 2013, «contiene en si misma todos los elementos necesarios para programar de manera adecuada la oferta educativa de Primaria».
Según el alto tribunal, la ley «señala tajantemente los cursos de implantación de las novedades para la Educación Primaria por lo que la admisión a puros efectos cautelares del retraso de un año en aquel calendario implica a primera vista una perturbación del interés general de superior entidad al generado por las dificultades con la que la Junta de Andalucía afirma que se encuentra para asumirlo».