La diócesis no aparta por ahora al profesor detenido

El profesor de Religión detenido el lunes en Granada por los supuestos abusos sexuales a menores estuvo impartiendo clases hasta el pasado do viernes en el instituto de secundaria de Dúrcal, donde la noticia del arresto de Sergio Quintana cayó como una bomba. La Junta de Andalucía reclamó ayer que el arzobispado le retire cuanto antes la idoneidad para que no pueda seguir dando clases, dado que permaneció en su puesto en contacto con menores pese a que las investigaciones eclesiástica y policial estaban en marcha y el círculo sobre el clan de los Romanones, al que estaba vinculado, se estrechaba.

El detenido, que estaba capacitado para impartir clases de Religión desde el 2007, es hermano de un sacerdote adscrito a la parroquia del cabecilla de la trama que también ha sido investigado pero no detenido, Había pasado por varios centros de la provincia antes de recalar en el instituto de Dúrcal, vigilado ayer por la Guardia Civil. El pueblo pasó de la estupefacción inicial tras conocer el arresto a la conmoción y, más tarde, a la indignación.

La dirección del centro se quedó sorprendida porque no había «sospechas» de sus actividades, según detalló la delegada provincial de Educación, Ana Gámez, quien reclamó ayer a la diócesis que se le permita contratar a un nuevo profesor y que, «como medida cautelar», el arrestado no vuelva a incorporarse a las aulas en el caso de que, tras la declaración judicial, quede en libertad. La propia presidenta andaluza, Susana Díaz, aseguró que una vez que la justicia se pronuncie «se actuará con contundencia» y garantizó, a través del portavoz del Ejecutivo, que se actuará según la normativa vigente sobre el profesorado y que «no va a haber ningún tipo de medida a medias tintas», porque «el caso es repugnante». «Esto no puede quedar impune y tampoco puede quedar en una simple disculpa ni en pedir perdón», resaltó Díaz.

DIÓCESIS ENROCADA

En el arzobispado que dirige Francisco Javier Martínez, sin embargo, no hay tanta rotundidad. Ayer mismo, algunas fuentes afirmaron no tener constancia oficial de la petición de Educación y, en cualquier caso, no quisieron hacer ninguna otra aclaración, amparándose en el secreto de las actuaciones. «Lo importante es que la investigación se lleve a cabo y no se interfiera», manifestó un portavoz de la diócesis, que defendió que «no se puede decir que el arzobispado se haya quedado cruzado de brazos».

El arzobispado se enroca así en la tesis de que se ha seguido «escrupulosamente» el procedimiento previsto por la Santa Sede, a saber, que tras verificar la denuncia se impusieron medidas cautelares a los curas implicados directamente en los abusos (no a los encubridores, a los que calificó también de «víctimas»). Pero lo cierto es que pese a conocer el caso desde agosto no actuó hasta que se lo ordenó el Vaticano, y acudió a la fiscalía días después de que la supuesta víctima denunciara los hechos.