El observatorio critica el protocolo contra la violencia machista y exige cambios
El organismo reclama que los informes que llegan al juez incluyan el testimonio de los asistentes sociales.
El Observatorio contra la Violencia de Género reclama una mejora en el protocolo que se sigue en dependencias policiales para evaluar el peligro al que se enfrenta la mujer denunciante. El organismo presidido por Ángeles Carmona destaca que, tras analizar los 14 casos contabilizados este año en los que había un antecedente judicial previo a la muerte de la mujer, la mayoría de las víctimas tenía una valoración del riesgo entre ‘medio’ y ‘no apreciado’.
Por este motivo, el observatorio destaca que «se hace preciso una revisión» de los formularios utilizados en el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (Viogen). Además, propone que incluso cuando las valoraciones de riesgo sean de ‘no apreciado’ o ‘bajo’ «se incluya la entrevista con personal de servicios asistenciales que atienden a las víctimas, y que en estos casos se adopten medidas policiales de control para la seguridad de la denunciante, independientemente de si existe o no medida judicial de protección».
Además, el observatorio cree necesaria la «introducción obligatoria de las denuncias que no se interponen» ante las fuerzas de seguridad en el sistema Viogen, «de modo que éste contenga toda la información necesaria para la seguridad de la víctima».
Dentro de un paquete de trece medidas propuestas por este organismo para mejorar la protección de la víctima, también se destaca que la mujer esté informada desde el primer momento del peligro que corre si vuelve a convivir con su agresor y de los medios de prueba que debe aportar para que el Juzgado valore su situación de riesgo. Por ello, considera muy positiva la propuesta de asistencia jurídica gratuita previa a la interposición de la denuncia, tal como recoge el anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
Respecto al uso de medios dispositivos electrónicos, el observatorio incentivará la formación de los jueces en esta materia, dado que no se ha producido ningún homicidio o asesinato en el que el presunto autor llevara la pulsera electrónica, «lo que indica que los órganos judiciales habían valorado correctamente el riesgo de la víctima».