Casi medio millón de dependientes reconocidos carece de prestación
En apenas tres años, más de 100.000 personas con derecho a atención han fallecido a la espera de la misma.
En España actualmente 1.216.000 personas se encuentran en situación de dependencia reconocida. O lo que es lo mismo, el 2,6% de la población española no puede desarrollar algunas de las actividades cotidianas básicas sin apoyo de mayor o menor medida. Ocho años después de la implantación de la ley de dependencia, alrededor de medio millón de personas carece de acceso a ningún tipo de prestación o servicio y 100.000 personas permanecen a la espera de ser valoradas.
Son datos del XIV Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, que reflejan una disminución de los expedientes activos de los dependientes con derecho -73.800 personas menos en los últimos tres años- y de los dependientes atendidos. Cifras que muestran, según José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, «el colapso derivado de una demolición controlada del sistema de atención a la dependencia».
En noviembre de 2014 los expedientes activos de personas con grado III de dependencia se sitúan en 355.747, 82.935 menos respecto a los 438.682 de junio de 2011. En el mismo intervalo temporal las personas con grado II -dependencia severa- también descienden en casi 30.000 casos, mientras que aumentan en más de 22.000 las personas con Grado I, sin acceso a prestación.
El saldo de desatendidos asciende a 167.869 personas, un 18,7% del total de personas con derecho, y la lista de espera ha descendido paulatinamente, algo que según Ramírez, «no se debe al buen funcionamiento del sistema sino a su colapso», que frena la entrada de nuevos usuarios y que provoca que desde 2012, 100.000 personas con derecho a atención hayan fallecido en lista de espera para recibirla. Respecto a la financiación del sistema, en 2014 el gasto ascendió a 6.367 millones de euros, de los cuales 3.994 fueron abonados por las comunidades autónomas, 1.233 por los propios usuarios y solo 1.140 por la Administración General del Estado.
Algo que se traduce en que de cada cien euros invertidos, 63 los aportan las comunidades autónomas, 19 los usuarios y 18 la Administración Central.