Educación cambia la acreditación de universidades, títulos y profesores
El ministro Wert remata sus reformas y flexibiliza la creación de nuevos campus.
El Gobierno aprobó ayer las dos reformas universitarias que aún tenía pendientes para la presente legislatura. Las nuevas normas alteran los criterios de acreditación tanto de las universidades como de sus titulaciones, y también modifican la balanza de requisitos que deberán cumplir los docentes de la educación superior. Ambos reales decretos se aprobaron el mismo día en que la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, abandonó el Ejecutivo para incorporarse a la OCDE como su nueva directora general adjunta del área de Enseñanza.
El real decreto destinado a la acreditación de centros y titulaciones ha recibido fuertes críticas de los sindicatos de enseñanza durante su tramitación. La nueva norma, alegan estos, rebaja los requisitos para abrir nuevos campus y fomentará la aparición de universidades privadas de baja calidad. En España, protestan, no se ha abierto ninguna nueva institución pública desde hace 18 años pero en el mismo periodo se han abierto veinte centros privados.
Nuevos criterios
Los nuevos criterios imponen menos exigencias de espacio e instalaciones. Algunos requisitos —como el número de laboratorios de práctica, las plazas de biblioteca o las instalaciones deportivas– dejan de ser obligatorios y pasan a ser recomendaciones. La norma también flexibiliza las titulaciones que debe ofrecer una universidad. Hasta ahora, todas debían impartir al menos una carrera de cada una de las tres principales ramas de conocimiento -humanidades, científicas y técnicas-. Ya no será necesario.
Otro cambio sustancial es que, a partir de ahora, las universidades no tendrán que validar cada nuevo título que oferten ante el organismo certificador -la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, Aneca-. Una vez hayan obtenido el visto bueno para la mitad de su oferta educativa, el resto se aprobarán automáticamente durante los próximos cinco años. Esta era una reclamación histórica de los rectores y las comunidades autónomas, que consideraban que el proceso anterior -que exigía certificar cada título cada cuatro o seis años- les restaba agilidad.
La nueva norma sobre profesores, por su parte, altera el equilibrio de requisitos que estos deben cumplir para poder acreditarse como Profesor Titular o Catedrático de una universidad. «A partir de ahora se tendrán más en cuenta otros criterios como la experiencia profesional», explicó la vicepresidenta del Gobierno. En la balanza de méritos que deberá, a partir de ahora, acreditar un profesional para poder impartir clases en la enseñanza superior, perderá importancia el número de sus méritos y concederá más puntos la calidad de estos.