Educación rechaza retrasar la Lomce pero reconoce margen para su aplicación

El nuevo ministro de Educación, Cultura y Deportes, Íñigo Méndez de Vigo, hizo bueno el compromiso de diálogo al que se comprometió durante su toma de posesión. Ayer se reunió con la consejera del ramo del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, para discutir sobre la Ley Wert, y lo hará con tantos como pueda en los próximos días. Tras las elecciones autonómicas, el número de regiones que rechazan la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) ha pasado de cinco a doce -tal vez trece-, y muchos quieren frenarla. Se tratar de no implantar lo previsto para el curso que viene y esperar al resultado de los comicios generales de fin de año, ya que los principales partidos de la oposición, todos, se han comprometido por escrito a derogarla si llegan al poder.

Tras su reunión con Pérez, Méndez de Vigo aseguró que no impulsará una moratoria de la implantación de la ley, aunque reconoció que las comunidades tienen «margen de maniobra» para aplicarla a su manera. «Las leyes que están en vigor deben cumplirse», afirmó. Desde el Gobierno de Aragón ya han anunciado su intención de no aplicar los cambios previstos para el curso que viene, y reclamaron al ministro una paralización general de un año.

«Nos habría gustado arrancarle al ministro un compromiso de moratoria aunque no ha sido posible», aseguró Pérez tras la reunión con Méndez de Vigo. También agradeció la disposición de éste a dialogar, una novedad con respecto a su antecesor, José Ignacio Wert, que se marchó con fama de haber ejecutado una política de hechos consumados. «Es un paso adelante que no teníamos con el otro interlocutor», afirmó la consejera.

Para el próximo curso, la Lomce prevé cambios curriculares sustanciales en todas las etapas que contempla. Se modificarán asignaturas y su importancia horaria en tres cursos de Primaria (2º, 4º y 6º), en dos de Secundaria (1º y 3º), en primero de Bachillerato y en toda la Formación Profesional. También entra en vigor la evaluación externa -las denominadas ‘reválidas’- para los alumnos que abandonan el colegio para pasar al instituto, uno de los puntos más polémicos. Pese a que la norma no lo especifica y teóricamente el objetivo de estas pruebas es conocer el grado de competencias de los alumnos para identificar problemas de forma prematura, algunas comunidades pretenden usar la calificación como un marcador más para decidir qué estudiantes pasan de curso.

Según Pérez, el Gobierno tiene que aprobar dentro de poco un real decreto de Educación que modifique la FP básica y podrían aprovechar la ocasión para detener la Lomce. «El propio ministerio se olvidó, dejó en el limbo cómo iban a titularse los alumnos que van a cursarla porque la reválida de 4º de ESO todavía no se aplica», explicó la consejera. Méndez de Vigo, por su parte, ha aclarado que «el Gobierno aragonés tiene la competencia para ejecutar la Lomce, y debe ejecutarla, y mientras respete el contenido básico de la ley estará dentro de sus competencias».