Delante, si se mide más de 135 centímetros
El Consejo de Ministros aprueba un real decreto, que entrará en vigor el 1 de octubre, que también establece la forma de colocar la sillita en los vehículos.
Una de las dudas más recurrentes de cualquier padre es saber cómo tiene que colocar la sillita de sus pequeños y dónde tiene que ir. Un verdadero drama, sobre todo hace años, cuando los sistemas de anclaje no estaban en el mercado. Era habitual la imagen de un progenitor haciendo malabares con los cinturones de seguridad.
Con la evolución de las sillitas comenzó otro debate: si estas debían colocarse mirando en el sentido de la marcha o no. Algunos estudios indicaban la idoneidad de colocarlas mirando hacia la parte trasera. Incluso la Dirección General de Tráfico lo señaló en su revista mensual. Ahora, el Gobierno ha querido aclarar qué tienen que hacer los sufridos padres: seguir al pie de la letra lo que diga el fabricante que, se supone, conoce mejor que nadie las cualidades de su producto. Para darle toda la relevancia, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que entrará en vigor el 1 de octubre con esta concreción. Este texto también incluye una matización del artículo 117 del Reglamento General de Circulación sobre cómo deben viajar los niños y si pueden ir en el asiento delantero. La propuesta gubernamental establece que cualquier chaval que mida menos de 135 centímetros no puede ir al lado del conductor salvo que todas las plazas traseras estén ocupadas con más sillas de seguridad o sea un coche biplaza. De esta manera se elimina cualquier referencia a la edad de los menores para evitar confusiones.
Por otra parte, el Ejecutivo también aprobó la modificación del Reglamento General de Vehículos para regular que los fabricantes e importadores de vehículos de las categorías M (autobuses) y N (camiones) y tipo BL (ciclomotores, motocicletas y similares) expidan la tarjeta ITV en soporte electrónico, eliminando la voluntariedad actual para emitirlas en soporte papel o electrónico. Esta medida de reducción de cargas administrativas -tarjeta en papel, 30 euros; en soporte electrónico, 2 euros- supondrá un ahorro de 30, 7 millones.