Interior no usará el registro sanitario de los ‘sin papeles’ para expulsarlos
Sanidad consensuará con las autonomías el acceso al sistema para los irregulares.
El Ministerio de Sanidad presentó ayer una propuesta para que las comunidades consensúen la manera de prestar servicios sanitarios a las personas sin papeles. Su objetivo es acordar una estrategia común que permita garantizar una atención parecida a toda persona que viva en España y, simultáneamente, evitar una sanción de Europa.
El plan incluye la elaboración de un registro nacional de las personas que accedan a estas prestaciones que ha despertado dudas por si esta información iba a utilizarse para identificar inmigrantes e impulsar su deportación. Pero, según el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (el órgano del Ministerios del Interior que gestiona estos asuntos) no podrá acceder al mismo.
«Lo que se plantea es que estas personas estén incorporadas en una base de datos a nivel nacional, que tengan que estar identificados», aseguró Moreno tras una reunión de la Comisión de Prestaciones del Sistema Nacional de Salud (uno de los encuentros entre Ministerio y comunidades) celebrado ayer. «Pero la motivación es poder tener registrada una historia clínica individual que permita llevar un seguimiento médico y farmacológico». Esta base de datos, recalcó, no se compartiría con el Ministerio del Interior. «Ni pueden ni quieren acceder a ella. La proponemos a efectos de calidad de la atención a los pacientes».
Seis meses empadronados
Además, Moreno anunció que el Ministerio ha actualizado algunas de las premisas de su propuesta de acuerdo las autonomías. Pese a que tanto Mariano Rajoy como el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, apuntaron a la necesidad de poder demostrar al menos un año de empadronamiento para acceder al sistema, ahora contemplan seis meses -de forma continuada e inmediatamente anterior a la solicitud- para acceder al sistema sanitario. En cualquier caso, el secretario general de Sanidad reconoció que este punto —como casi todos los demás— es competencia de las comunidades, por lo que no actuarán contra ninguna que adapte estos parámetros. Cataluña, por ejemplo, ya solo pide tres meses.
El único requisito irrenunciable del Ministerio de Sanidad es cerciorarse de que las personas en situación irregular en el país no tendrán acceso a un documento —una tarjeta o equivalente— que les permita recibir atención sanitaria fuera. Hacerlo, insistió Moreno, daría pie a que la Comisión Europea sancionase a España, que no ofrece esta tarjeta a ciudadanos comunitarios que residen en el país sin realizar ninguna actividad económica.